El Parlamento del Reino Unido aprobó la Ley de Víctimas y Prisioneros, normativa que establece que los asesinos convictos del país, condenados a cadena perpetua, tienen prohibido contraer matrimonio o formar una unión civil durante su reclusión. No obstante, se permite solicitar una exención al Secretario de Estado en circunstancias excepcionales.
La ley incorpora formalmente los principios del Código de Víctimas y se aplica exclusivamente a los asesinos convictos a quienes se les impone una condena de cadena perpetua. Este tipo de sentencia se reserva para delitos de extrema gravedad, incluidos aquellos que implican asesinatos en serie o de menores, con premeditación considerable o comportamientos sexuales y sádicos.
La legislación modifica además la Ley de Matrimonio de 1949 y la Ley de Unión Civil de 2004, prohibiendo que los convictos bajo órdenes de por vida se casen o formen una unión civil sin la autorización de las autoridades de gobierno. Los registradores deben seguir procedimientos específicos para evaluar estas solicitudes, y cualquier matrimonio o unión civil será legalmente inválido si no se concede el permiso requerido.
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La normativa tiene como objetivo regular las circunstancias en las que los reclusos condenados a cadena perpetua pueden participar en eventos significativos como el matrimonio o la formación de una unión civil, considerando las implicaciones legales y sociales. Asimismo, busca preservar la confianza pública en el sistema de justicia al garantizar que se otorgue la debida consideración a la naturaleza de los crímenes cometidos.
Bajo la regulación previa, los presos podían casarse o formar una unión civil en prisión, siempre y cuando el gobernador no se opusiera por motivos de seguridad. La implementación de la nueva ley responde a situaciones recientes, como la del asesino en serie Levi Bellfield, quien, a pesar de estar cumpliendo dos cadenas perpetuas, solicitó casarse y luego buscó asistencia jurídica para impugnar la decisión de bloquear su matrimonio, invocando derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Ley de Matrimonio de 1983. Con la nueva legislación en vigor, Bellfield y otros convictos en circunstancias similares ya no podrán contraer matrimonio mientras estén cumpliendo sus condenas.