En el marco de su Asamblea General Anual celebrada en Chicago (Estados Unidos), la Asociación Estadounidense de Abogados (ABA) aprobó la Resolución 502, un documento que insta a los Estados Unidos y las Naciones Unidas a investigar posibles violaciones a los derechos humanos en la región del Tíbet. Esta resolución representa un precedente en la postura de la ABA sobre esta región asiática, al recomendar la adopción de medidas para abordar los crímenes denunciados en dicho lugar.
La Resolución 502 exhorta a la Oficina de Justicia Penal Global del Departamento de Estado de los Estados Unidos a llevar a cabo investigaciones exhaustivas y a publicar informes actualizados sobre las denuncias de genocidio, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos en el Tíbet. Asimismo, la resolución solicita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que nombre un relator especial para supervisar la situación en el Tíbet y que incluya el tema en su agenda oficial.
El documento fue presentado por la Sección de Derecho Internacional (ILS) de la ABA y obtuvo el respaldo unánime de los delegados presentes. En palabras de Sara Sandford, ex presidenta de la ILS, la adopción de esta resolución refleja el compromiso de la ABA con el estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
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Regina M. Paulose, abogada especializada en derecho penal internacional y copresidenta del Comité de Derecho Penal Internacional de la ILS, acogió con satisfacción la aprobación de la resolución, señalando la importancia de que la comunidad internacional adopte medidas efectivas para garantizar la rendición de cuentas por la situación humanitaria en el Tíbet, así como para proteger los derechos humanos, la libertad religiosa y el patrimonio cultural en la región.
Finalmente, el presidente de la Alianza Global para el Tíbet y las Minorías Perseguidas (GATPM), también manifestó su satisfacción por la Resolución 502, destacando que este acto abre una nueva vía para que el pueblo tibetano busque justicia conforme al derecho internacional. La resolución se alinea con la reciente Ley de Promoción de una Resolución de la Disputa entre el Tíbet y China, promulgada por el presidente de los Estados Unidos, que reconoce la identidad cultural y lingüística del Tíbet y aborda las denuncias de abusos contra los derechos humanos en la región.
“Entre 1949 y 1950, la República Popular China (RPC) invadió el Tíbet. La RPC sostuvo entonces, como lo hace ahora, que el Tíbet es una parte “integral” de China. En 1951, China y el Tíbet firmaron el Acuerdo sobre Medidas para la Liberación Pacífica del Tíbet (conocido como el Acuerdo de los 17 Puntos), por el cual China mantendría el gobierno y la religión del Tíbet en su lugar. En 1959, se produjo un levantamiento en el Tíbet que desafió el gobierno de la RPC. Fue en ese momento que el líder espiritual tibetano. Su Santidad el 14º Dalai Lama, huyó a Dharamsala, India”, señala la resolución.
“Desde entonces, la organización no gubernamental con sede en Ginebra, Comisión Internacional de Juristas (CIJ), publicó una serie de informes que documentaban los abusos de los derechos humanos en el Tíbet. El primer informe preliminar se publicó en 1959, titulado “La cuestión del Tíbet y el Estado de derecho”. En 1960, la CIJ publicó un informe de su “Comité de investigación jurídica sobre el Tíbet”. En 1997, la organización publicó otro informe titulado “El Tíbet: derechos humanos y el Estado de derecho”, concluye el texto.