Un juez federal de Estados Unidos desestimó la mayor parte de una demanda interpuesta por el gobierno de México. Esta demanda, en la que se exigía un valor estimado de 10.000 millones de dólares, fue presentada contra varios fabricantes de armas estadounidenses, a quienes se acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armas de fuego a través de la frontera hacia México, armas que, según las alegaciones, habrían sido utilizadas por cárteles de la droga.
El fallo emitido por el juez Saylor, quien ejerce en el distrito de Boston, afecta a seis de las ocho empresas demandadas, entre las que se encuentran Sturm, Ruger y Glock. El juez fundamentó su decisión en la falta de conexión sustancial entre estas empresas y el estado de Massachusetts, argumentando que la relación entre las actividades de estas compañías y dicho estado es «tenue». En consecuencia, se determinó que no existía jurisdicción adecuada para mantener las reclamaciones en ese foro.
Por parte de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que la decisión judicial no concluye el proceso contra las seis empresas mencionadas, indicando que se está evaluando la posibilidad de apelar la decisión o de iniciar nuevas acciones legales en otros tribunales dentro de los Estados Unidos. Las dos empresas restantes, Smith & Wesson Brands y Witmer Public Safety Group, siguen siendo parte de la demanda.
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En su decisión, el juez también destacó que ninguna de las seis compañías desestimadas tenía su sede en Massachusetts, y que México no pudo probar que alguna de las armas de fuego vendidas en ese estado hubiera causado un daño directo al país. El argumento de México, basado en la probabilidad estadística de que algunas de las armas vendidas en Massachusetts fueran eventualmente traficadas ilegalmente a su territorio, fue considerado insuficiente para establecer la jurisdicción.
Además, se señala que otras empresas excluidas de la demanda incluyen a Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing y Beretta, entre otras. México ha alegado que las acciones de estas empresas han permitido el contrabando de armas que, a su vez, han tenido un impacto significativo en la seguridad y la economía del país.
“En este caso, el demandante no ha cumplido ni de lejos con su carga de demostrar un “caso verosímil” de jurisdicción personal. No ha demostrado realmente qué información, si la hubiera, podría obtenerse probablemente de un descubrimiento jurisdiccional limitado que pudiera cambiar la conclusión de que la afirmación de jurisdicción personal sobre los seis acusados no cumple ni con la ley de Massachusetts de larga duración ni con los requisitos del debido proceso constitucional. En consecuencia, se deniega su solicitud de descubrimiento para subsanar las deficiencias jurisdiccionales identificadas”, concluyó el juez.