El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos restableció una ley del Estado de Iowa que exige a las bibliotecas de las escuelas públicas eliminar aquellos libros que no se consideren «apropiados por razones de edad», especialmente si describen o representan «actos sexuales». La normativa, conocida como SF 496, también incluye la prohibición de la enseñanza sobre identidad de género en el ámbito escolar. Esta decisión del tribunal revoca una orden previa emitida por un juez federal de distrito que había impedido la implementación de dichas disposiciones.
El fallo del tribunal de apelaciones se basó en la observación de que el juez de distrito no aplicó adecuadamente el análisis requerido para impugnaciones “faciales”, es decir, aquellas que buscan invalidar una ley en su totalidad, en lugar de hacerlo únicamente en relación con los demandantes involucrados en el caso. No obstante, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que los demandantes, entre los que se incluyen un grupo defensor de los derechos LGBT, estudiantes y profesores, presenten una nueva solicitud de medida cautelar ante el tribunal de distrito.
Asimismo, el tribunal de apelaciones subrayó que los Estados tienen la facultad de definir la «misión pedagógica» de las escuelas públicas, lo que incluye la capacidad de restringir ciertos tipos de expresión dentro de esas instituciones, como el acceso a determinados libros en las bibliotecas escolares. El tribunal añadió que cualquier evaluación judicial sobre estas restricciones debe considerar que el Estado de Iowa no está obligado a permitir expresiones que puedan socavar o ser incompatibles con su misión educativa central.
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Por otro lado, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, y la fiscal general del estado, Brenna Bird, expresaron su conformidad con la decisión del tribunal, destacando la importancia de que sean los padres quienes determinen la idoneidad de los materiales a los que sus hijos están expuestos en las escuelas.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, manifestó su preocupación por la entrada en vigor de la ley poco antes del inicio del año escolar, aunque también señaló que el fallo del tribunal de apelaciones desestimó algunos de los argumentos más restrictivos presentados por el estado, lo que permite a los demandantes intentar bloquear la ley nuevamente en una instancia judicial inferior.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de legislación estatal que regula el acceso a determinados contenidos en las escuelas públicas, especialmente aquellos relacionados con la identidad de género y la sexualidad. Legislaciones similares han sido objeto de litigios en otros estados como Texas, Arkansas, Alabama e Idaho, lo que sugiere que estos asuntos seguirán siendo motivo de controversia judicial en el futuro inmediato.
“El tribunal de distrito impartió su interpretación sin hacer referencia a varios cánones de interpretación que podrían haber revelado una interpretación más estrecha y razonable, como los cánones de elusión constitucional, noscitur a sociis y la advertencia de Iowa de interpretar sus leyes de manera razonable y de una manera factible de ejecución, Código de Iowa § 4.4(3)-(4). Se deben discutir y agotar otros métodos de interpretación antes de concluir que la única interpretación textual es absurda porque la interpretación resultante inevitablemente influye en si las aplicaciones de la ley son constitucionales o no”, concluye el tribunal.