La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció la apertura de audiencias públicas a partir del 2 de diciembre de 2024, en el marco del procedimiento consultivo iniciado por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las obligaciones de los Estados en relación con el cambio climático. Este procedimiento responde a una resolución adoptada por consenso en la Asamblea de 2023, en la que se solicitó aclaraciones sobre dos cuestiones fundamentales en el ámbito del derecho internacional.
En primer lugar, se plantea la cuestión de cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático conforme al derecho internacional. En segundo lugar, se solicita que la CIJ se pronuncie sobre las consecuencias jurídicas derivadas de los daños ambientales que un Estado pudiera causar, especialmente en relación con los pequeños Estados insulares en desarrollo y las generaciones presentes y futuras. La Asamblea ha pedido a la CIJ que considere estas obligaciones en el contexto de diversos instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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El proceso previo a las audiencias públicas ha incluido un año de presentación de escritos, durante el cual la CIJ ha recibido un total de 91 presentaciones escritas y 62 réplicas. Este volumen de contribuciones refleja el interés significativo que ha suscitado esta consulta en la comunidad internacional, dado el posible impacto que la opinión consultiva podría tener sobre la interpretación y aplicación del derecho internacional en relación con el cambio climático.
La CIJ tiene la facultad discrecional de decidir si hace públicas las presentaciones escritas recibidas y, en su caso, cuándo procederá a ello. De optar por la publicación, estas presentaciones estarán disponibles después del 2 de diciembre de 2024, una vez iniciadas las audiencias orales.
Cabe destacar que las opiniones consultivas emitidas por la CIJ no tienen carácter vinculante para los Estados miembros de la ONU, aunque sí poseen una autoridad jurídica considerable, dada su naturaleza como interpretación del derecho internacional. El hecho de que la resolución que originó esta consulta haya sido adoptada por consenso en la AGNU podría influir en el grado de acatamiento y respeto que los Estados otorguen a la opinión que eventualmente emita la CIJ.