El Tribunal Federal del Distrito Norte de Texas anuló la reciente prohibición de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) sobre las cláusulas de no competencia. La jueza dictaminó que la FTC carece de la autoridad necesaria para establecer normas sustanciales que regulen los métodos desleales de competencia, de acuerdo con su propia normativa.
En su fallo, la jueza del Tribunal sostuvo que la autoridad otorgada por el Congreso a la FTC se limita a la creación de normas procedimentales relacionadas con la tramitación de reclamaciones por competencia desleal, y que esta no se extiende a la elaboración de regulaciones generales con efectos amplios sobre el mercado laboral.
Asimismo, el tribunal consideró que la nueva norma de la FTC infringía el criterio de arbitrariedad y caprichosidad establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos. Según la jueza, la norma en cuestión era «irrazonablemente amplia» y carecía de una justificación adecuada, al no establecer una «conexión racional entre los hechos constatados y la decisión adoptada». Además, se señaló que la prohibición impone un enfoque generalizado sin prever una fecha de finalización, lo que también contribuyó a su invalidez jurídica.
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La decisión contrasta con el posicionamiento de la propia FTC, que en su entrada en el Registro Federal del 7 de mayo de 2024 afirmó que el Congreso le había otorgado expresamente la facultad de impedir métodos desleales de competencia a lo largo de la economía, aplicando dicha autoridad en cualquier actividad que afecte al comercio, salvo excepciones limitadas. La FTC defendió que la Ley bajo la cual opera no restringe su capacidad para emitir regulaciones específicas de la industria o de mayor alcance.
Este fallo se suma a otro reciente emitido por un tribunal federal de Florida, el cual bloqueó temporalmente la aplicación de la prohibición a un corredor inmobiliario que impugnó la medida. Sin embargo, dicho tribunal basó su decisión en la Doctrina de las Cuestiones Importantes, que limita la capacidad de las agencias federales para emitir normas con significativas implicaciones económicas y políticas sin contar con autorización explícita del Congreso.
Previamente, la jueza había ordenado la suspensión de la prohibición de la FTC en espera de una decisión final, la cual ahora se ha materializado con la anulación de la norma. Cabe destacar que otro tribunal federal, en Pensilvania, rechazó un recurso similar contra la prohibición de la FTC en el mes de julio, lo que refleja las divergencias judiciales en torno a este tema.