La Corte Suprema de Corea del Sur dictó un fallo en el que ordena a las empresas japonesas Hitachi Zosen Corp. y Mitsubishi Heavy Industries pagar compensaciones de 50 millones de wones (unos 39.000 dólares) y 150 millones de wones (unos 116.000 dólares), respectivamente. Estas sumas están destinadas a indemnizar a 16 familias de trabajadores y a un trabajador que fueron sometidos a trabajos forzados durante la Segunda Guerra Mundial.
El fallo ratifica las decisiones previas emitidas por tribunales inferiores. Así, en 2019, el Tribunal Superior de Seúl dictaminó que Hitachi Zosen debía compensar a sus antiguos empleados, mientras que en junio del mismo año resolvió en términos similares respecto a Mitsubishi Heavy Industries. Asimismo, en 2018, el Tribunal Superior de Gwangju ordenó a esta compañía indemnizar a sus trabajadores forzados.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un considerable número de coreanos fue obligado a trabajar en Japón en apoyo al esfuerzo bélico del país. La Corte Suprema de Corea del Sur ya había emitido decisiones en 2018 en las que ordenaba a las empresas compensar a 15 trabajadores coreanos que fueron forzados a trabajar durante el conflicto. Sin embargo, hasta la fecha, dichas compensaciones no han sido pagadas.
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Japón sostiene que las reclamaciones de indemnización derivadas de estos hechos fueron resueltas en el tratado de 1965 que normalizó las relaciones diplomáticas entre Japón y Corea del Sur. De acuerdo con la posición japonesa, estos fallos judiciales surcoreanos constituyen una violación de las disposiciones del tratado y contradicen la postura oficial del gobierno surcoreano, socavando así la base de las relaciones bilaterales.
Después de las sentencias de 2018, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, expresó que, si un país llega a un acuerdo con Corea del Sur conforme al derecho internacional, y la Corte Suprema de Corea del Sur puede revocar dicho acuerdo en cualquier momento, esto dificultaría que otros países mantuvieran relaciones con el gobierno surcoreano.
A pesar de lo anterior, la Corte ha mantenido que el tratado de 1965 no impide que las personas presenten reclamaciones de compensación por trabajos forzados, especialmente en casos que involucren «actos de ilegalidad contra la humanidad» cometidos por las empresas japonesas durante el período en cuestión.
Este fallo es el segundo emitido por la Corte Suprema de Corea del Sur en una semana en relación con casos de trabajo forzado durante el régimen colonial japonés en la península de Corea (1910-1945). El 21 de diciembre, el tribunal también confirmó las decisiones de tribunales de apelación contra Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Steel, ordenando a ambas empresas pagar daños y perjuicios a las víctimas.