El fiscal general del Estado de Texas, Ken Paxton, junto con representantes de otros catorce Estados, interpuso una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y varios funcionarios de la administración Biden, en relación con las recientes modificaciones implementadas en la política de inmigración a nivel federal. La demanda alega que los cambios introducidos vulneran las normativas vigentes y afectan la integridad del sistema migratorio.
En la demanda, el fiscal general de Texas sostiene que las nuevas directrices federales representan una alteración significativa en la aplicación de las leyes de inmigración. Específicamente, se impugna la legalidad de dos programas introducidos por la administración Biden.
El primer programa permite a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses permanecer en el país durante el proceso de solicitud de residencia legal, eliminando la obligación previa de salir del territorio estadounidense mientras se tramita dicha solicitud.
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El segundo programa, igualmente cuestionado, otorga a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), así como a inmigrantes indocumentados que hayan completado estudios universitarios en Estados Unidos, la posibilidad de solicitar una visa de trabajo sin riesgo de deportación. Según la normativa anterior, estos individuos debían abandonar Estados Unidos durante la tramitación de sus solicitudes de residencia.
Además, la demanda hace referencia a la reciente decisión judicial de declarar ilegal el programa DACA, lo que impide la aceptación de nuevas solicitudes, aunque permite que los actuales beneficiarios mantengan su estatus. La administración Biden ha establecido que aquellos con estatus DACA y que cumplan con los requisitos podrán beneficiarse del nuevo programa de visas de trabajo.
Los demandantes argumentan que estas medidas representan una desviación de las prácticas establecidas y cuestionan su compatibilidad con las leyes federales de inmigración. La demanda solicita que se reviertan los cambios y se restablezca la aplicación estricta de las normativas anteriores, argumentando que cualquier modificación de tal envergadura debería someterse al debido proceso legislativo.