El Consejo General del Colegio de Abogados declara que los hechos que están siendo investigados en el llamado “Caso Audios” son extremadamente graves y merecen nuestro absoluto rechazo. Esperamos que en el proceso penal se puedan clarificar los hechos y se determinen, conforme al mérito del proceso, las responsabilidades y sanciones que procedan.
Los abogados y abogadas somos servidores de la justicia y cumplimos un rol público fundamental en el resguardo del Estado de Derecho. Por lo mismo, es fundamental que su actuar profesional se ajuste a ética y las normas vigentes. El Colegio de Abogados reúne a abogados y abogadas que día a día honran esta profesión y trabajan en forma honesta y leal para colaborar con la justicia. Es por eso que quienes se apartan de los estándares legales y éticos deben ser investigados y sancionados.
CADEM acaba de publicar un estudio sobre las percepciones del ejercicio de la profesión de abogado, y la principal preocupación es el conflicto de interés y tráfico de influencias. Ese estudio da cuenta que existe la conciencia de que el actuar del abogado o abogada tiene que cumplir altos estándares en su desempeño.
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La preocupación por el ejercicio de la profesión también nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia del control ético. En este sentido, nos preocupa que el marco constitucional y legal actualmente vigente debilita dicho control, sin establecer una jurisdicción universal, creándose estándar diferenciado entre abogados colegiados y no colegiados. Por ello, en el Consejo hemos preparado una propuesta de proyecto de reforma constitucional para asegurar el control ético único, universal y efectivo, que efectúe el colegio profesional, respecto de todos los profesionales. Esto permite que los pares sean quienes ejerzan el control ético y, que cuando las infracciones a dichos deberes sean graves, se pueda sancionar hasta con la prohibición del ejercicio profesional. La jurisdicción universal es común en el derecho comparado y los casos que hemos visto en las noticias reafirman la importancia de fortalecer el control ético, como resguardo del sistema de justicia y del Estado de Derecho.