El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito emitió una resolución que suspende temporalmente la sentencia de un tribunal inferior que había bloqueado la aplicación de las leyes de Florida relativas a la atención médica para personas transgénero.
En consecuencia, el Estado de Florida puede aplicar la ley SB 254, que prohíbe la administración de terapia hormonal a menores de edad y establece restricciones específicas para adultos transgénero, mientras se desarrolla el proceso de apelación de un caso anterior.
La decisión del tribunal de apelaciones fue adoptada por un panel de tres jueces, de los cuales dos, designados por el expresidente Donald Trump, votaron a favor de la suspensión. El juez restante, por su parte, emitió un voto disidente en el que sostuvo que las decisiones médicas deben ser tomadas por los pacientes junto con sus profesionales de la salud, y que los demandantes podrían sufrir perjuicios si se concediera la suspensión.
La orden emitida por el tribunal de apelaciones deja sin efecto el fallo del juez federal Robert Hinkle, quien en junio de 2023 había impedido la implementación de la ley SB 254. El juez Hinkle había considerado que las disposiciones de la ley que prohíben los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores, así como las restricciones para adultos transgénero, constituían una violación de los derechos constitucionales de estas personas y de los padres de menores transgénero.
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Este proceso judicial se originó en 2023, cuando varias familias de Florida presentaron una demanda cuestionando la legalidad de la prohibición, alegando que afectaba la atención médica necesaria para jóvenes transgénero y que restringía el derecho de los padres a tomar decisiones informadas respecto al tratamiento de sus hijos. Posteriormente, en julio de 2023, la demanda fue ampliada para incluir a cuatro adultos transgénero, en respuesta a las restricciones impuestas por la ley SB 254 a la atención médica de personas adultas.
La resolución del tribunal de apelaciones ha sido recibida con preocupación por las organizaciones que representan a los demandantes, las cuales aducen que la ley impone restricciones basadas en consideraciones ajenas al ámbito médico, con posibles consecuencias legales y sociales para las personas transgénero afectadas.
“Los intereses de Florida en aplicar la ley a sus residentes y en que se le permita proteger a sus hijos de los riesgos para la salud pesan fuertemente a favor del Estado en esta coyuntura. El propio tribunal de distrito reconoció que existían “preocupaciones legítimas” sobre algunos de los efectos de los tratamientos, así como un “riesgo de diagnóstico erróneo”, “riesgos asociados al tratamiento” y la posibilidad de “riesgos médicos adicionales”, concluye la sentencia.