La Escuela de Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, organizó el seminario internacional “Democracia y Territorio, ¿Quién tiene realmente el poder?”, en el cual, se analizó el estado de la democracia y la participación ciudadana en el contexto chileno y latinoamericano.
La actividad se desarrolló a través de dos paneles y contó con la participación de las destacadas académicas Melina Guardamagna (Argentina), y Jenny López (Colombia), así como la alcaldesa de la comuna de San Miguel, Érika Martínez, y el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra; quienes fueron acompañados por docentes de las carreras de Administración Pública y Trabajo Social.
Los expositores dieron cuenta del estado actual de la participación ciudadana como pilar del ejercicio democrático, con énfasis en la crisis de confianza institucional que afecta no solo a nuestro país, sino a la región.
En tal contexto, al ser consultada por Diario Constitucional acerca de la crisis de credibilidad en las autoridades locales, en atención al número de alcaldes investigados por delitos, y que se encuentran en medio de procesos judiciales, la alcaldesa de San Miguel expresó que, “(…) cuando son los mismos de siempre que se eligen y reeligen entre ellos, estas cofradías crean la posibilidad de corromperse, por ello es importante que denunciemos estos actos para restablecer la confianza en los vecinos y vecinas”.
En el mismo sentido, la profesora argentina Melina Guardamagna (Universidad Nacional de Cuyo), refirió acerca de las necesidades de implementar políticas de participación ciudadana, que pongan en el centro a las necesidades del territorio, y fomenten la cultura participativa de la comunidad.
Por lo anterior, al ser preguntada sobre las políticas del Presidente Milei, respecto a la eliminación de los intermediarios (o “punteros”), para hacer llegar a la población las diversas ayudas -o planes sociales- refirió que, “(…) El problema de la administración actual es que concentró en un gran ministerio denominado “capital humano”, diversas subsecretarias que antes de diciembre de 2023 eran en sí mismas ministerios independientes, lo que devino en una seria imposibilidad de cumplir con los aportes enviados desde el gobierno central. De hecho, actualmente, el gobierno enfrenta un problema judicial al ser compelido a entregar de forma oportuna una serie de alimentos que están por vencer y que aún no llegan a la población más vulnerable, que -tristemente- en mi país es el 50% de habitantes en situación de pobreza. Entonces vemos que uno de los problemas de eliminar a los intermediarios, y concentrar todas las formas de participación y ayuda un mega ministerio, ha mermado la eficacia de las políticas de ayuda social”.
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El seminario prosiguió abordando la seguridad pública como tema de interés en los gobiernos comunales. En ese aspecto, Diario Constitucional preguntó al alcalde de San Joaquín acerca de las reformas legales que él cree necesarias para brindar más seguridad a la población, y el edil sostuvo que, «(…) podemos probar con subir las penas, aunque algunos sostengan que eso no funciona en la experiencia comparada. Durante mi exposición expuse el ejemplo de un imputado que lleva 56 detenciones por delitos cometidos contra vecinos de San Joaquín, y yo me pregunto ¿Por qué alguien así sigue en libertad? Es evidente que los jueces aplican la ley que tienen, pero debemos probar con endurecer las penas para enviar un mensaje a aquellos que no están interesados en cumplir la ley”.
Finalmente, la profesora Jenny López (Universidad Nacional de Colombia), expuso sobre la lucha contra el crimen organizado desde la participación de la comunidad, en atención a la experiencia colombiana, y al ser consultada sobre sus recomendaciones para la autoridad nacional, expresó que, “(…) es importante la coordinación de los gobiernos locales para restringir el actuar de la criminalidad organizada”.
En cuanto a la posibilidad de flexibilizar el control de armas para la población, la misma docente expresó que, “(…) luego de observar la experiencia de mi país, le puedo asegurar que medidas así, lejos de ofrecer una solución en materia de seguridad pública frente a delincuentes organizados, ayudan a profundizar aún más la crisis, pues nunca se debe olvidar que el único titular del monopolio legítimo de la fuerza es el Estado”.