El informe publicado el 3 de septiembre de 2024 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documenta la evolución de la situación de los derechos humanos en Nicaragua entre el 15 de junio de 2023 y el 15 de junio de 2024. Este informe se basa en 120 entrevistas realizadas a víctimas y testigos, y 106 reuniones con organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales.
El documento señala una serie de presuntas violaciones a los derechos humanos, principalmente dirigidas contra individuos identificados como opositores al gobierno. Entre las situaciones descritas se incluyen arrestos arbitrarios, la imposición de juicios que carecen de las debidas garantías procesales, y el sometimiento de personas detenidas a condiciones de reclusión consideradas inhumanas. Estas actuaciones, según el informe, podrían contravenir las obligaciones del Estado de Nicaragua en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que es parte.
Respecto a las elecciones regionales de 2023, el informe menciona la restricción del derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública, debido a la disolución de partidos políticos, lo que impidió su participación en el proceso electoral. Igualmente, se destaca que, en las elecciones generales de 2021, varios candidatos de la oposición fueron detenidos tras ser acusados de delitos tipificados con carácter amplio, lo que resultó en la imposibilidad de su participación en el proceso electoral. Como consecuencia, se facilitó la continuidad en el cargo del presidente en ejercicio, Daniel Ortega.
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Adicionalmente, el informe detalla una serie de detenciones arbitrarias que afectaron a otros actores, entre ellos representantes de organizaciones religiosas. Se menciona en particular el caso de 27 sacerdotes y seminaristas católicos que fueron detenidos entre octubre de 2023 y enero de 2024.
El informe del ACNUDH también aborda la falta de equidad en la protección de derechos según género y etnia, destacando los desafíos adicionales que enfrentan las mujeres y los pueblos indígenas para acceder a la protección de sus derechos. Entre las preocupaciones mencionadas se incluyen altos niveles de violencia de género y la concesión de tierras indígenas a empresas sin consultar a las comunidades afectadas.
El ACNUDH emitió una serie de recomendaciones al Estado nicaragüense, entre las que se incluye la liberación de personas detenidas arbitrariamente y la erradicación de la tortura y otros tratos inhumanos. Asimismo, el Alto Comisionado, Volker Türk, subrayó la importancia de que el Gobierno nicaragüense considere estas recomendaciones y propicie cambios, señalando las elecciones de 2026 como una oportunidad para avanzar en la situación de derechos humanos en el país.
Por último, se mencionan los informes de otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, Freedom House, en su informe de 2023, calificó a Nicaragua con una puntuación de 16 sobre 100 en términos de libertad política y civil, destacando las restricciones impuestas por el Estado a estas libertades. El informe también señala la adopción de nuevas leyes que tipifican como delito el fomento o facilitación de sanciones contra el gobierno.