El informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por las Naciones Unidas, describe hechos relacionados con la respuesta de las autoridades venezolanas a las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El informe abarca el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, con un enfoque en la situación de los derechos humanos en el país durante ese lapso.
Según el informe, tras el anuncio de los resultados electorales, se produjeron manifestaciones generalizadas en diversas regiones de Venezuela. Las autoridades habrían adoptado medidas para controlar estas manifestaciones, lo que incluyó la utilización de la fuerza. El informe señala la existencia de 25 casos de muertes documentadas durante los dos primeros días de protestas, ocurridas el 29 y 30 de julio de 2023. La mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años y fallecieron como consecuencia de heridas por arma de fuego. Sin embargo, el informe aclara que, hasta el momento, no se cuenta con evidencia suficiente para atribuir de manera concluyente la responsabilidad de estas muertes a las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, el documento menciona la detención de más de 2.000 personas en el transcurso de las manifestaciones, incluyendo menores de edad con discapacidades. Según el texto, estas detenciones se habrían realizado en ausencia de órdenes judiciales, y en muchos casos no se respetaron los derechos procesales correspondientes, como el límite de 48 horas para la comparecencia ante un tribunal y el derecho a ser representado por un abogado de elección. Se indica también que algunos de los detenidos habrían sido sometidos a tratos que podrían ser calificados como tortura, incluyendo golpes, inmersión en agua fría, descargas eléctricas y abusos sexuales.
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El informe refiere que las acciones represivas se habrían dirigido principalmente contra personas que cuestionaron los resultados electorales o manifestaron críticas al gobierno. Entre los grupos afectados se incluyen miembros de la oposición política, personal militar, exfuncionarios del Estado, periodistas y defensores de derechos humanos. La Misión concluye que existen motivos razonables para considerar que las autoridades venezolanas podrían haber incurrido en la comisión de actos de persecución por motivos políticos.
Este informe complementa uno anterior, publicado en agosto de 2024, que ya había documentado hechos similares. No obstante, el nuevo informe señala que, en lugar de observarse una mejora en la situación, las medidas represivas se habrían intensificado durante el período examinado.
En relación con las protestas, el origen de las mismas se vincula a la controversia generada por los resultados electorales del 28 de julio de 2024, en los cuales tanto Nicolás Maduro como Edmundo González reclamaron la victoria. Este hecho desencadenó disturbios en diversas partes del país.
Varias entidades internacionales, incluidos Estados Unidos, Chile, Guatemala y la Unión Europea, solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación de las actas oficiales de votación, sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta oficial. No obstante, en el mes de septiembre se informó de la liberación de 86 menores de edad que habían sido arrestados en el contexto de las protestas.