La Corte Suprema de California rechazó una propuesta del Colegio de Abogados estatal que buscaba crear una vía alternativa para obtener la licencia de abogado sin necesidad de aprobar el examen tradicional. Esta opción, conocida como «examen de abogacía por portafolio» (PBE, por sus siglas en inglés), permitía a los graduados de derecho demostrar su competencia a través de prácticas legales supervisadas, trabajos evaluados y una prueba de desempeño.
La judicatura argumentó que este modelo no está autorizado por la ley y planteó varias preocupaciones éticas y prácticas. Una de las principales preocupaciones fue la falta de fiabilidad y objetividad en la evaluación del desempeño de los solicitantes, que podría depender demasiado de la habilidad y dedicación del supervisor asignado. Además, el tribunal consideró que la supervisión en la práctica con clientes reales presentaba riesgos éticos que no se abordaban adecuadamente en la propuesta.
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Este fallo fue un revés para los defensores del PBE, quienes sostienen que la alternativa habría facilitado el acceso a la licencia de abogado a aquellos que no podían pagar los costosos de los cursos de preparación para el examen. Sin embargo, la propuesta fue criticada por asociaciones jurídicas, que la consideraron una evaluación deficiente de las competencias mínimas necesarias para ejercer como abogado.
La Corte adoptó muchas de las recomendaciones de la Comisión Blue Ribbon, que incluye la evaluación de 12 temas en el examen futuro y la consideración de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, para mejorar la fiabilidad y eficiencia del proceso.
Además, desestimó la posibilidad de admitir abogados de otros Estados mediante reciprocidad sin la necesidad de aprobar el examen californiano y rechazó una solicitud para reducir la puntuación mínima necesaria para aprobar el examen de la abogacía, aduciendo que esta medida no garantizaría un impacto positivo en la diversidad del gremio.
«A la posible falta de fiabilidad se suman las tensiones éticas inherentes a la práctica supervisada de la PBE, en la que un supervisor realiza una inversión significativa en la contratación y formación de un solicitante, que luego debe generar de forma independiente un producto de trabajo para clientes reales y su posterior revisión en la PBE. Estas preocupaciones, que no se abordan en la propuesta de la PBE, probablemente crearán desincentivos para que un supervisor certifique de forma fiable y objetiva que el producto de trabajo de la cartera representa el esfuerzo independiente del solicitante», señala la Corte.