El Ministerio de Justicia de Singapur presentó ante el parlamento del país el Proyecto de Ley de Protección de la Administración de Justicia (Enmienda), cuyo objetivo es reforzar los mecanismos legales para la protección del proceso judicial y prevenir el uso indebido de los procedimientos ante los tribunales.
La iniciativa fue introducida por el Ministro de Justicia como una actualización a la Ley de Protección de la Administración de Justicia de 2016, normativa que consolidó las disposiciones relativas al desacato al tribunal en el ordenamiento jurídico de Singapur.
El proyecto de ley amplía la definición de «desacato al tribunal» para incluir los casos en los que un litigante inicie procedimientos judiciales con conocimiento de que los hechos subyacentes son ficticios o infundados, o contengan elementos de tal naturaleza.
Asimismo, la enmienda contempla que la presentación de reclamaciones carentes de fundamento, con el propósito de retrasar procedimientos penales, constituirá desacato al tribunal. La normativa prevé, además, que quienes inciten a la comisión de tales abusos procesales serán igualmente responsables del delito de desacato.
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La propuesta establece que la evaluación de estas conductas será responsabilidad del tribunal competente, el cual deberá determinar si el litigante actuó de manera negligente y con intención de manipular el proceso judicial. No obstante, el proyecto exime de responsabilidad a aquellas personas que actúen con razonable cuidado y buena fe, lo que limita la aplicación de sanciones en esos casos específicos.
El contexto de la enmienda surge tras la identificación de varios casos en los que se observó la existencia de «motivos ulteriores» en la presentación de demandas judiciales, cuyo objetivo era interferir en el curso normal de la administración de justicia.
En caso de ser aprobada, la ley sería aplicable a todos los tribunales del país. Las sanciones previstas para los casos de desacato ante el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo incluyen una multa de hasta 100.000 dólares singapurenses y una pena de prisión de hasta tres años.
El Ministerio de Justicia ha argumentado que el abuso de los procedimientos judiciales compromete la autoridad del tribunal y afecta la administración de justicia, generando perjuicios tanto económicos como psicológicos a las partes afectadas por estas demandas. Además, señala que estas acciones pueden dañar la reputación del sistema jurídico de Singapur.
Este proyecto de ley se encuentra en fase de consideración parlamentaria, y se espera que la primera lectura tenga lugar en las próximas semanas.