Las elecciones de Estados Unidos, que consagraron al republicano Donald Trump como el 47° presidente del país, tuvieron otra cara: los referendos. Miles de ciudadanos votaron sobre cuestiones paralelas, relevantes en los ámbitos locales.
La defensa del aborto como derecho constitucional se definió en diez estados; mientras que la legalización de la venta de marihuana se trató en Florida; y en Arizona definieron procedimientos de la policía en políticas de migración.
Derecho al aborto, avalado en siete de 10 estados tras los comicios
La consagración de la interrupción voluntaria del embarazo como derecho constitucional estuvo en la boleta electoral en una decena de estados, algunos con un rol relevante en el desenlace de la carrera presidencial y el control del Congreso. La líder demócrata, Kamala Harris, que buscó la Presidencia, intentó influir en el apoyo a la consigna sobre el aborto.
La propuesta fue respaldada en siete de los diez estados que votaron sobre ese asunto el martes 5 de noviembre, aunque las situaciones en cada lugar son diferentes.
En Arizona, por ejemplo, se modificó la Constitución estatal, garantizando el derecho hasta la viabilidad del feto –alrededor de las 23 semanas-. Anteriormente, estaba prohibido después de la semana 15.
En Missouri, se garantizaría el “derecho a la libertad reproductiva”, reemplazando las prohibiciones existentes en la actualidad que permiten muy pocas salvedades.
Entretanto, en Nevada, se enmendaría la ley estatal para asegurar el derecho al aborto, ya permitido hasta las 24 semanas.
Sin embargo, aún queda camino por recorrer en este estado. Para conseguir la corrección en la Constitución, los votantes deberán votar favorablemente otras dos veces, una este año y otra en 2026.
Mientras en Nueva York, donde ya era legal, la propuesta modifica la cláusula de protección igualitaria de la Constitución del estado para consagrar el acceso al aborto y brindarles autonomía a las personas en lo que a atención de la salud reproductiva se refiere.
En Montana y Colorado, se trató la defensa de este derecho, el cual ya tenía carácter legal.
En Maryland, estaba en juego definir “el derecho a la libertad reproductiva”, incluyendo la potestad para continuar o interrumpir el embarazo.
En contrapartida, Florida, Nebraska y Dakota del Sur vetaron esta posibilidad en las urnas. En el primer estado, donde está prohibido el aborto después de la sexta semana de embarazo con muy pocas excepciones, la medida no llegó al 60% necesario. Una situación similar sucedió en Dakota del Sur.
En Nebraska debieron optar por dos propuestas opuestas. Una que agregaba el acceso al aborto a la Constitución estatal fue rechazada. La segunda, que fue aprobada, reafirmaba la prohibición actual durante las 12 semanas de gestación, con excepción en casos de violación, incesto y si la vida de la gestante está en riesgo.
Florida rechaza el uso recreativo de la marihuana
El referendo para legalizar la venta y el uso recreativo a los adultos mayores de 21 años no tuvo el visto bueno en Florida.
La propuesta habilitaba la comercialización en centros de tratamiento y entidades autorizadas.
La iniciativa tuvo más del 55% de los votos a favor, pero no alcanzó el 60% necesario para su aprobación.
Hasta el momento, 24 estados del país tienen legalizado el uso recreativo del cannabis, pero sigue siendo ilegal a nivel federal.
La última actualización en Florida sobre esta materia se produjo en 2016, cuando una enmienda constitucional tuvo el visto bueno y permitió la marihuana medicinal en el estado.
Arizona aprueba nuevas medidas migratorias
Noticia Relacionada
En Arizona, los electores aprobaron el permiso para que la Policía local arreste a inmigrantes sospechosos de ingresar de forma irregular al estado fronterizo.
Con la aprobación de la proposición 314, ese estado sigue el camino de Texas, Iowa y Oklahoma –que dieron luz verde a leyes de inmigración en 2023- para correr los límites de acción de las autoridades locales.
Hasta ahora, Arizona era el estado fronterizo con México que menos se involucraba en las políticas antiinmigración, dejando las labores en manos del Gobierno federal. Sin embargo, desde principios de siglo, existe un movimiento para involucrar a los departamentos de la Policía local.
Los legisladores republicanos aseguran que la propuesta era necesaria para ayudar a fortalecer la frontera estadounidense.
Todo pese a que los niveles récord de cruces ilegales descendieron en los últimos meses después de que la Administración de Joe Biden endureció las restricciones a los solicitantes de asilo.
Además, la aprobación de esta consulta popular transforma en delito estatal el ingreso no autorizado a Arizona desde la zona limítrofe, por fuera de los puertos de entrada oficiales.
La medida habilita a los agentes de seguridad locales a arrestar a los migrantes y da la posibilidad a los jueces de ordenar su deportación. Aquellos que hagan cumplir la ley quedan resguardados de demandas civiles.