El sistema judicial chileno se basa, en gran medida, en la confianza depositada en sus actores. Jueces, fiscales, abogados y peritos, todos ellos, juegan un rol fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, cuando la probidad de alguno de estos actores se ve comprometida, las bases mismas del sistema se tambalean.
El caso del juez Óscar Meriño, quien enfrenta una investigación por cohecho y nombramiento irregular de peritos en el Segundo Tribunal Tributario Aduanero Metropolitano, ha puesto en el ojo del huracán la integridad del sistema de peritaje judicial. La fiscalía investiga si Meriño recibió pagos a cambio de nombrar a determinados peritos en causas tributarias, lo que podría constituir un grave delito de corrupción[1]. Este caso, revelado por CIPER Chile en noviembre de 2023, ha generado una serie de repercusiones y ha puesto en evidencia las falencias en los mecanismos de control y supervisión del peritaje judicial.
Como experto en auditoría forense y peritaje judicial, este caso me genera una profunda preocupación. Los peritos judiciales, al igual que los jueces, tienen la obligación de actuar con independencia, imparcialidad y objetividad. Su labor es fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la correcta aplicación de la ley. Cuando un perito se colude con un juez o cualquier otra parte en un proceso judicial, no solo traiciona la confianza depositada en él, sino que también pone en riesgo la justicia misma.
En el caso Meriño, se sospecha que el juez no solo nombraba a determinados peritos a cambio de pagos, sino que también estos peritos podrían haber emitido informes falsos o sesgados para favorecer a las partes que los contrataban[2]. Esto representa una grave vulneración al debido proceso y pone en entredicho la validez de las decisiones judiciales tomadas con base en dichos informes.
Las implicancias de este caso son múltiples. En primer lugar, se erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial[3]. Cuando los ciudadanos perciben que la justicia puede ser comprada, se genera un clima de desconfianza e incertidumbre que afecta la legitimidad de las instituciones. En segundo lugar, se vulneran los derechos de las partes involucradas en los procesos judiciales. Si un perito emite un informe falso o sesgado, se puede perjudicar gravemente a una de las partes, causando un daño irreparable.
Es fundamental, entonces, fortalecer los mecanismos de control y supervisión del peritaje judicial. Se deben implementar medidas que garanticen la idoneidad y la independencia de los peritos, así como la transparencia en su designación y remuneración. Además, es necesario establecer sanciones más severas para aquellos peritos que incurran en faltas éticas o legales.
En este sentido, algunas medidas que podrían implementarse son:
– Crear un registro público de peritos judiciales: Este registro debería incluir información sobre la formación, experiencia y especialización de cada perito, así como cualquier sanción o antecedente disciplinario. De esta manera, las partes involucradas en un proceso judicial podrían acceder a información relevante sobre los peritos propuestos y evaluar su idoneidad.
– Establecer criterios objetivos para la designación de peritos: Se debe evitar que la designación de peritos quede a criterio exclusivo del juez, implementando mecanismos aleatorios o rotativos que garanticen la imparcialidad. Por ejemplo, se podría establecer un sistema de sorteo o una lista de peritos pre-aprobados por un organismo independiente.
– Regular la remuneración de los peritos: Se deben establecer tarifas claras y transparentes para la remuneración de los peritos, evitando que puedan ser influenciados por pagos extras o beneficios indebidos. Además, se debería prohibir que los peritos reciban pagos directamente de las partes involucradas en el proceso judicial.
– Fortalecer la supervisión del peritaje judicial: Se debe implementar un sistema de control de calidad que permita revisar los informes periciales y detectar posibles irregularidades. Este sistema podría incluir la revisión por pares, la auditoría de los procedimientos utilizados por los peritos y la implementación de mecanismos de denuncia para casos de sospecha de corrupción.
– Tipificar como delito la colusión entre peritos y jueces: Se debe establecer una pena específica para aquellos peritos que se coludan con jueces o cualquier otra parte en un proceso judicial. Esta medida serviría como un elemento disuasorio y contribuiría a fortalecer la integridad del sistema judicial.
Este sistema podría incluir la revisión por pares, la auditoría de los procedimientos utilizados por los peritos y la implementación de mecanismos de denuncia para casos de sospecha de corrupción, tal como lo propone el Fiscal Judicial en el caso Meriño[4].
El caso del juez Meriño ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer el sistema de peritaje judicial en Chile. No basta con contar con peritos altamente calificados, sino que también es fundamental garantizar su independencia, imparcialidad y apego a la ética profesional. La implementación de las medidas propuestas contribuiría a prevenir casos de corrupción como el que nos ocupa y a fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.
La Corte de Apelaciones de Santiago, en octubre de 2024, sancionó al juez Meriño con cuatro meses de suspensión de sus funciones con goce de medio sueldo por los nombramientos irregulares de peritos. Sin embargo, una minoría de ministros consideró que la sanción era insuficiente y que se debía abrir un cuaderno de remoción contra el juez[5]. Esto demuestra que existe una preocupación al interior del Poder Judicial por la gravedad de los hechos y la necesidad de tomar medidas más drásticas para sancionar la corrupción.
El caso Meriño debe servir como una llamada de atención para el sistema judicial chileno. Es necesario tomar medidas urgentes para prevenir y sancionar la corrupción en el peritaje judicial, garantizando así la transparencia, la probidad y la confianza ciudadana en la administración de justicia.
Como auditor forense y perito judicial, el caso Meriño me lleva a reflexionar sobre la necesidad urgente de profesionalizar y controlar la actividad pericial en Chile. Si bien la ley N° 19.968 que regula los peritajes judiciales establece algunos requisitos para ser perito, como contar con título profesional y experiencia en la materia, considero que estos son insuficientes.
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En mi opinión, se requiere un sistema de certificación que acredite las competencias y la ética profesional de los peritos. Esta certificación debería ser otorgada por un organismo independiente y basarse en criterios objetivos y rigurosos. Además, se debería establecer un código de ética para los peritos judiciales, que regule su conducta y establezca sanciones para aquellos que incurran en faltas éticas.
Asimismo, es fundamental fortalecer la supervisión de la actividad pericial. Los jueces deberían estar capacitados para evaluar la calidad de los informes periciales y detectar posibles irregularidades. Además, se debería implementar un sistema de control de calidad que permita revisar los informes periciales y detectar posibles falencias.
La profesionalización y el control de la actividad pericial son cruciales para garantizar la calidad y la objetividad de los peritajes judiciales. Solo así se podrá asegurar que los peritajes cumplan su función de auxiliar a la justicia y contribuir a la búsqueda de la verdad.
Fernando Pérez Tapia es Doctor Honoris Causa (Dr.h.c). Magister en Administración de Empresas (MBA), Contador Auditor esp. En Investigación de Delitos Económicos, Licenciado (c) en Educación, Máster en Compliance Officer, Experto en Auditoria Forense y Compliance, Perito Judicial, Autor Libro de Auditoria Forense, Docente y Conferencista Internacional.
[1] CIPER Chile. (2023, 23 de noviembre). Fiscalía abre investigación por cohecho contra juez y tres funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
[2] Interferencia. (s.f.). Fiscal judicial sobreseyó denuncia por pago de coimas a juez tributario, pero formula cargos disciplinarios por designación ilegal de peritos.
[3] CIPER Chile. (2023, 23 de noviembre). Fiscalía abre investigación por cohecho contra juez y tres funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.
[4] Interferencia. (s.f.). Fiscal judicial propone “censura” por escrito a hoja de vida del juez del Tribunal Tributario por designación ilegal de peritos.
[5] CIPER Chile. (2024, 24 de octubre). Pleno de la Corte de Santiago sancionó a juez tributario investigado por el Ministerio Público.