El Tribunal de Apelación de La Haya anuló una sentencia de 2021 que ordenaba a Shell reducir sus emisiones de carbono en un 45% para 2030. En la decisión de primera instancia, el Tribunal de Distrito de La Haya sostuvo que Shell tenía una obligación legal de alinear sus emisiones con los objetivos del Acuerdo de París, citando el «deber de cuidado» de la empresa hacia el cambio climático. La orden abarcaba tanto las emisiones directas como las indirectas, incluyendo aquellas derivadas de la energía comprada y del uso final de sus productos.
En su apelación, Shell adujo que el fallo imponía una carga indebida y que dicha regulación excedía la jurisdicción del tribunal, al intentar establecer objetivos vinculantes sobre una empresa global. La defensa de la compañía sostuvo que Shell se había comprometido con una estrategia de emisiones netas cero para 2050, y que cualquier mandato sobre emisiones debería surgir de la política pública en lugar de los tribunales. Asimismo, Shell resaltó su inversión en energías renovables y tecnologías de bajas emisiones de carbono como parte de su plan de transición energética.
El Tribunal de Apelación, tras analizar estos argumentos, determinó que la sentencia original era excesivamente restrictiva al exigir una reducción de emisiones específica y de cumplimiento obligatorio. El tribunal consideró que el mandato judicial no tuvo en cuenta el contexto económico y la estrategia climática de Shell.
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Según el fallo, imponer objetivos de reducción específicos a una sola entidad privada podría vulnerar principios de seguridad jurídica y previsibilidad, esenciales en el derecho corporativo, especialmente en empresas multinacionales sujetas a regulaciones variadas en diferentes jurisdicciones.
El tribunal subrayó que Shell tiene responsabilidad en la mitigación de los riesgos climáticos, pero concluyó que la obligación de cumplir con objetivos climáticos debería recaer en una colaboración entre gobiernos, corporaciones y la sociedad civil. En este sentido, se enfatizó que la judicialización de tales compromisos puede generar incertidumbre regulatoria y contradicciones en el marco de políticas climáticas transnacionales.
La organización ambientalista Milieudefensie, parte demandante en este caso, expresó su disconformidad con la decisión del Tribunal. Su representante legal indicó que la sentencia podría repercutir en los esfuerzos de exigir responsabilidades a grandes emisores de gases de efecto invernadero en futuros litigios. Actualmente, no se ha confirmado si recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, lo cual abriría una nueva etapa en este litigio, sentando así posibles precedentes en la responsabilidad corporativa en materia de cambio climático.
El Tribunal de Apelación estableció criterios sobre la aplicabilidad de objetivos climáticos obligatorios, reconociendo la necesidad de una regulación uniforme y de base legal clara para abordar las responsabilidades de mitigación de riesgos ambientales por parte de las empresas multinacionales como Shell.