La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito anuló la orden judicial contra una ley del Estado de Indiana que prohíbe la atención de afirmación de género para menores de edad, permitiendo que la ley entre en vigor. En un fallo dividido, la mayoría de los jueces determinaron que el tribunal de primera instancia incurrió en un error al emitir la orden judicial preliminar. Según la mayoría, los demandantes no lograron demostrar la existencia de un daño irreparable que justificara la suspensión de la ley.
La decisión subrayó que, aunque el tribunal de distrito reconoció evidencia que respalda la eficacia de las intervenciones médicas para tratar la disforia de género, no evaluó suficientemente otras pruebas en el expediente que indicaban que los tratamientos alternativos, como la psicoterapia y el apoyo psicosocial, también son opciones viables. Dicha omisión fue citada como un motivo clave para invalidar la orden judicial.
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Además, el Tribunal rechazó el argumento de los demandantes en relación con la supuesta violación de los derechos de igualdad de protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda. En su análisis, los jueces concluyeron que la ley no discrimina por motivos de sexo, ya que sus disposiciones son aplicables de manera uniforme a todos los menores, sin distinción de género.
En su voto, uno de los jueces planteó que la ley podría tener implicaciones significativas para los derechos constitucionales de los médicos en Indiana. En particular, destacó que las restricciones impuestas a los profesionales médicos, que incluyen la prohibición de «ayudar e incitar» a otros a realizar tratamientos de afirmación de género, podrían vulnerar las protecciones de la Primera Enmienda relacionadas con la libertad de expresión. Según el juez disidente, esta limitación afectaría la comunicación entre médicos y pacientes, así como entre profesionales dentro y fuera del estado.
Cabe señalar que medidas similares para prohibir la atención médica relacionada con la afirmación de género ya han sido implementadas en otros Estados del país, lo que refleja un enfoque creciente en la regulación de este tipo de tratamientos. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto abordar próximamente la constitucionalidad de estas prohibiciones, con argumentos orales programados para los próximos meses.