La fiscal general del estado de Florida, Ashley Moody, presentó una demanda ante un tribunal federal contra la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), Deanne Criswell, y la ex supervisora de FEMA, Marn’i Washington. La acción legal alega que los acusados incurrieron en violaciones de derechos civiles durante las labores de asistencia tras el pasoo de los huracanes Helene y Milton, que impactaron el Estado de Florida entre septiembre y octubre de 2024.
La demanda invoca el 42 USC § 1985(3), aduciendo que los acusados conspiraron para privar a ciertos ciudadanos de su derecho a recibir asistencia equitativa en respuesta a las emergencias. Según el documento presentado, se señala que Washington habría dado instrucciones específicas para omitir la prestación de ayuda a familias que exhibieran material de campaña relacionado con el expresidente Donald Trump. Se estima que al menos 20 propiedades habrían sido objeto de esta exclusión, de acuerdo con la denuncia.
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En la demanda se solicita que el tribunal declare estas acciones como violaciones a los derechos civiles y busca la concesión de daños nominales y punitivos. Además, se requiere una evaluación judicial que garantice la neutralidad de FEMA en futuras operaciones de asistencia, independientemente de las preferencias políticas de los beneficiarios.
Por su parte, la administradora Criswell rechazó públicamente las supuestas acciones de Washington, calificándolas de incompatibles con los principios de la agencia. Washington, quien ya no forma parte de FEMA, ha respondido afirmando que las decisiones adoptadas durante las operaciones estuvieron motivadas por cuestiones de seguridad ante presuntos incidentes hostiles registrados en ciertas áreas, y no por consideraciones políticas.
El caso versa sobre la emergencia que los huracanes Helene y Milton suscitaron en el Estado provocando la muerte de aproximadamente 250 personas y daños estimados en miles de millones de dólares. El tribunal deberá analizar si existió una conducta discriminatoria que contravenga las disposiciones legales en materia de derechos civiles y si las acciones denunciadas justifican la imposición de sanciones y medidas correctivas.