El Tribunal de Primera Instancia de Hong Kong dictó sentencia en un caso relacionado con 45 acusados por conspiración para cometer actos subversivos, imponiendo penas de prisión que oscilan entre 50 y 120 meses, dependiendo de su participación en una elección primaria no oficial organizada en 2020. Este caso está enmarcado dentro de las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional (NSL), promulgada en junio de 2020 para abordar cuestiones de seguridad en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK).
Los hechos se remontan a enero de 2020, cuando activistas pro democracia aunaron esfuerzos para obtener una mayoría legislativa en el Consejo Legislativo de Hong Kong con el objetivo de influir en la administración gubernamental. Posteriormente, en julio de 2020, se organizaron elecciones primarias no oficiales que atrajeron a más de 600.000 registrados. Dichas elecciones fueron consideradas por las autoridades como un intento de forzar la renuncia de la entonces jefa ejecutiva.
Tras la promulgación de la NSL, las elecciones al Consejo Legislativo fueron pospuestas por razones oficiales vinculadas a la pandemia de COVID-19, y los organizadores de las primarias fueron arrestados. De acuerdo con la sentencia del tribunal, la conducta de los acusados fue evaluada con base en el artículo 22(3) de la Ley Fundamental, que regula los actos que buscan subvertir el poder estatal. La corte consideró que las acciones de los acusados constituían una conspiración para subvertir el orden establecido.
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El tribunal clasificó a los acusados en dos categorías principales: «infractores principales» y «participantes activos». Los infractores principales, entre ellos fueron identificados como los principales organizadores y promotores de las primarias. Uno de ellos recibió una pena de 10 años de prisión aplicada tras una reducción por su declaración de culpabilidad. Otros infractores principales también recibieron penas ajustadas tras considerar factores atenuantes como su contribución previa a la comunidad y su desconocimiento de la NSL.
En el caso de los participantes activos, las penas fueron determinadas considerando su rol en las primarias y sus acciones específicas. Algunos, como los firmantes de la declaración «Inked Without Regret», recibieron sentencias iniciales de 96 meses, posteriormente reducidas según las circunstancias atenuantes individuales.
El tribunal enfatizó que la gravedad del caso radica en las potenciales consecuencias que el plan podría haber tenido sobre el funcionamiento del gobierno de la RAEHK. Además, destacó que, aunque se tuvo en cuenta la conducta anterior a la promulgación de la NSL para evaluar el contexto, las condenas se basaron únicamente en actos cometidos tras su entrada en vigor. Finalmente, las autoridades han indicado que la sentencia busca reforzar la implementación de la NSL y señalar que cualquier actividad contraria a la seguridad nacional será objeto de sanción conforme a la ley.