El miércoles 6 de noviembre la Contraloría General de la República emitió un dictamen que puso en alerta a las asociaciones de funcionarios públicos. En él, la recién asumida contralora, Dorothy Pérez, definió que la entidad ya no se pronunciará sobre las reclamaciones a las renovaciones de contratas en el sector público y el principio de confianza legítima.
El citado texto señala que “no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que hubieren sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.
Cabe recordar que en 2018, el anterior contralor, Jorge Bermúdez, emitió un dictamen sobre la desvinculación de funcionarios a contrata que señalaba que la denominada “Confianza Legítima” operaba para un funcionario en esta calidad jurídica cuando el contrato se ha renovado por dos años consecutivos, sin interrupción entre una designación y la siguiente.
En tales casos, la no renovación solo podía ser a partir del uso del sistema de calificaciones o sumario administrativo. Asimismo, esto no era aplicable a los cargos de exclusiva confianza del jefe de servicio o autoridad.
Posteriormente, la tercera Sala de la Corte Suprema, a raíz de diversos recursos de protección, fijó como criterio unificador para hacer valer la confianza legítima un plazo de 5 años de servicios a contrata.
CUT y ANEF
Sobre esta materia, la Comisión de Trabajo escuchó a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT); así como de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), junto a la abogada laboralista Carolina Guzmán.
En la oportunidad expresaron su preocupación, ya que aseguran que el dictamen es un retroceso en materia de protección de los derechos de las y los trabajadores. Por esta razón, se solicitó una reconsideración dirigida a la contralora, pero para la que no existe una fecha de respuesta.
José Pérez, presidente nacional ANEF, aseguró que el dictamen les “violenta” y “es un retroceso”. Esto porque la confianza legítima era un recurso frente a la fragilidad contractual de las y los trabajadores a contrata, tras dos años de contrata. Agregó que esto afecta la estabilidad y la tranquilidad laboral, justo ad portas de cambios en las administraciones regionales y comunales. A su vez, fue enfático en destacar que las y los funcionarios trabajan para el Estado de Chile y “no para el gobierno de turno”.
Por su parte, el presidente de la CUT, David Acuña, calificó el dictamen como evidencia de abandono de deberes y denegación de servicios por parte de la Contraloría. Esto porque las y los trabajadores públicos no cuentan con otra institución a la cual recurrir para defenderse ante un despido injustificado. Por esto, planteó su preocupación de que la primera resolución de la contralora sea “quitarle un derecho a las y los trabajadores”.
Al respecto, Carlos Insunza, consejero nacional de la central de trabajadores, agregó que con este dictamen cerca de 270 mil trabajadores quedan desprotegidos. Asimismo, la abogada Carolina Guzmán señaló que es necesario legislar sobre la materia, para mejorar las condiciones de las y los funcionarios.
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Críticas parlamentarias al dictamen
En la comisión, las y los diputados expresaron su preocupación ante la situación denunciada. Frente a esto, evalúan invitar a la instancia a la contralora general y a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
También se cuestionó el rol de la Contraloría. Incluso se calificó como “vergonzoso” que no se asuman sus responsabilidades y se obligue a la judicialización de estos casos.
En sus intervenciones, relevaron la inestabilidad de quienes trabajan bajo la modalidad de contrata. Así también, enfatizaron en la necesidad de tomar medidas para garantizar sus derechos laborales. Eso sí, aclararon que la solución legislativa es materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.