El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó una resolución en la que condena a la República Islámica de Irán por no informar debidamente sus actividades vinculadas a su programa nuclear, supervisadas por la OIEA. Dicha resolución, aprobada con el respaldo de 19 Estados miembros, incluye entre sus promotores a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania. Por su parte, 3 estados miembros —China, Rusia y Burkina Faso— se opusieron, mientras que 12 se abstuvieron de votar.
El documento aprobado por el OIEA solicita que Irán proporcione información verificable respecto a la detección de partículas de uranio en sitios que no han sido declarados como instalaciones nucleares. Asimismo, se insta al cumplimiento de los compromisos legales asumidos por Irán en virtud de los acuerdos internacionales sobre no proliferación y monitoreo nuclear.
Desde 2021, la República Islámica ha reducido significativamente su nivel de cooperación con el organismo, incluyendo la suspensión de actividades de monitoreo y restricciones al acceso de los inspectores internacionales. Simultáneamente, Irán ha incrementado sus reservas de uranio enriquecido, cuestión que ha sido objeto de preocupación dentro del marco de los tratados internacionales vigentes.
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El Director General del OIEA, Rafael Grossi, informó recientemente que durante su visita a Teherán se logró un entendimiento preliminar para limitar las reservas de uranio enriquecido en niveles cercanos al grado armamentístico. Este desarrollo, sin embargo, no ha sido considerado suficiente por los Estados promotores de la resolución.
En respuesta, el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó la resolución como perjudicial para los esfuerzos diplomáticos en curso. Según el funcionario, Teherán mantiene su disposición a cooperar dentro de los marcos legales existentes, aunque advirtió sobre medidas recíprocas frente a lo que describió como acciones adversas por parte de algunas potencias.
En paralelo, en julio de 2024, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, reiteró su respaldo a una legislación adoptada en 2020 que orienta al Parlamento iraní a fortalecer las capacidades nucleares del país, en cumplimiento de sus disposiciones soberanas y pese a la imposición de sanciones internacionales.
“Lamentamos profundamente que, a pesar de las resoluciones adoptadas por la Junta y de las numerosas oportunidades brindadas por el Director General a lo largo de cinco años, Irán no haya proporcionado al Organismo explicaciones técnicamente creíbles sobre la presencia de partículas de uranio de origen antropogénico en varios lugares no declarados ni haya informado al Organismo sobre la ubicación actual de los materiales nucleares y/o del equipo contaminado, y que en cambio haya asegurado que ha declarado todos los materiales y actividades nucleares requeridos en virtud de su Acuerdo de Salvaguardias, lo que es incompatible con las conclusiones del Organismo”, señala el texto adoptado.