Conminar al gobierno de “asegurar las garantías de las mujeres víctimas denunciantes”, y evacuar un informe a la Comisión Interamericana de Mujeres, además de advertir también al Ejecutivo del incumplimiento de acciones para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, plantea la Bancada de Diputados de Renovación Nacional, liderada por Ximena Ossandón y Hugo Rey, como jefe y subjefe de bancada respectivamente, en un oficio enviado a la directora del INDH, Consuelo Contreras. Todo en el marco de “hechos de violencia contra la mujer que involucran al ex subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) y al Presidente de la República, Gabriel Boric.
Cabe recordar que en el caso de Manuel Monsalve este se encuentra en prisión preventiva por abusar de una subordinada, mientras que en el caso de Boric se conoció el martes 26 de la existencia de una denuncia por acoso sexual y difusión de imágenes íntimas.
En el documento se precisa que las actuaciones del gobierno, en especial de las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, “ahondaron la crisis en perjuicio de la víctima, ejecutando declaraciones y adoptando medidas de manera tanto tardía como errática”. Lo que deja en evidencia la autodeclaración de “gobierno feminista”, “pero que en estos casos parece simpatizar más bien con los denunciados.
Y en cuanto al caso de Manuel Monsalve se le hace notar al INDH que “la ausencia de medidas de protección en favor de la víctima adoptadas desde un inicio por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género o bien por su servicio dependiente, mientras la denunciante era objeto de hostigamientos, acosos e incluso eventuales amenazas por parte de personas que también se habrían desempeñado en el gobierno (…) que habrían sido adoptadas por instrucción del ex subsecretario”, sumado que días después de la denuncia hubo “expresiones de solidaridad y apoyo manifestadas por el Presidente y las ministras aludidas”.
Se recuerda, asimismo, que a lo menos 12 funcionarios conocieron de los hechos que se acusa a Monsalve, “sin que se haya adoptado algún mecanismo de denuncia y protección”.
Respecto de la denuncia por acoso sexual que se conoció el 26 de noviembre contra el Presidente Boric, formulada por una mujer con la que coincidió durante su práctica profesional en la Región de Magallanes, se expone que la reacción del gobierno “ha sido nuevamente de beligerancia y descrédito hacia la propia denunciante, habiéndose revelado su identidad, comunicaciones de carácter privado entre ella y el Mandatario, su historial policial y detalles de su vida amorosa o privada (…) Todos estos antecedentes han sido publicados desde el gobierno para desacreditar su denuncia”.
También se hace alusión a la declaración de la ministra Camila Vallejo, quien en punto de prensa dijo que la denuncia fue “detectada” desde el gobierno, “lo que puede suponer acciones ilegales en cuanto esta clase de denuncias e investigaciones son secretas y el acceso solo está permitido para los intervinientes”.
Así, los parlamentarios de Renovación Nacional recuerdan en el oficio que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada en 1994 en el marco de la OEA y promulgada en Chile en 1998, “es sustantiva en fijar mandatos y obligaciones para los Estados en orden a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género”.
Haciendo hincapié que en el artículo 7 de la Convención conocida como Belém do Pará, se señala como obligación para los Estados “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.
Y que en lo interno, existe en Chile la ley 21.675 que establece medidas “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género”.
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Ante lo expuesto, los diputados reiteran que tanto en el caso Monsalve como en la denuncia contra el Presidente Boric, las reacciones contra las denunciantes “constituyen un serio incumplimiento de las obligaciones que impone la Convención, así como una vulneración de las reglas dispuestas en la ley N°21.675”.
Por lo mismo piden al INDH “advertir al gobierno sobre el incumplimiento tanto de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como de la Ley N°21.675 en que ha incurrido con ocasión de los casos y denuncias por hechos de violencia contra la mujer (…) conminándolo a asegurar las garantías de las mujeres víctimas denunciantes”. Y por último que se ponga en conocimiento a la Comisión Interamericana de Mujeres, y que se evacúe un informe a la instancia.