El Parlamento Federal de Australia aprobó un proyecto de ley que introduce restricciones al acceso de personas menores de 16 años a ciertas plataformas de redes sociales. Esta normativa modifica la Ley de Seguridad en Internet de 2021 y establece definiciones específicas y nuevos requerimientos para las empresas tecnológicas que operan en este ámbito. Las restricciones entrarán en vigor 12 meses después.
La legislación define como “usuarios con restricción de edad” a las personas menores de 16 años. Por otro lado, identifica como “plataformas de redes sociales con restricciones de edad” a aquellos servicios cuyo propósito principal o significativo sea facilitar la interacción social en línea entre individuos, incluyendo la posibilidad de vinculación, publicación de material o interacción en el servicio. Asimismo, la normativa específica que algunos servicios quedan excluidos, tales como aquellos que tienen fines comerciales, educativos o relacionados con la salud.
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En cuanto a las sanciones que contempla, las plataformas sujetas a las restricciones que no implementen medidas razonables para impedir que menores de 16 años creen cuentas estarán sujetas a multas de hasta 50 millones de dólares australianos. Aunque la legislación no detalla explícitamente las plataformas afectadas, menciona que ciertos servicios, como YouTube, podrían estar exentos, aunque no se ha proporcionado confirmación oficial al respecto. Asimismo, aplicaciones de mensajería y plataformas de juegos podrían quedar fuera del alcance de estas disposiciones, dependiendo de su propósito principal.
Un aspecto relevante de la normativa es la inclusión de restricciones relacionadas con la recopilación de documentos de identificación emitidos por el gobierno. Las empresas no podrán exigir dichos documentos como único medio de verificación de edad, aunque sí podrán utilizarlos siempre que ofrezcan alternativas para dicho propósito. La legislación también prevé una revisión independiente de sus disposiciones a los dos años de su implementación, a fin de evaluar su efectividad y la adecuación de las medidas en relación con la privacidad y otros aspectos.
Según los impulsores del proyecto, este nuevo marco legal busca establecer controles sobre el acceso de menores de edad a ciertos servicios digitales, estableciendo “límites claros sobre la interacción social en línea y la recopilación de datos personales, así como los mecanismos para la supervisión futura de su cumplimiento”.