El Gobierno de Australia presentó una propuesta legislativa que busca establecer un régimen regulatorio para las grandes empresas tecnológicas, con el objetivo de mitigar conductas anticompetitivas y garantizar una mayor transparencia en el mercado digital. La iniciativa contempla la imposición de multas de hasta 50 millones de dólares australianos por actos que obstaculicen la libre elección de los consumidores o que impliquen un comportamiento contrario a la competencia.
El régimen propuesto, basado en legislación primaria, introduce obligaciones específicas para las plataformas digitales. Entre las conductas que se busca prohibir se encuentran la autopreferencia en el marco de competencia, las restricciones a la interoperabilidad, los impedimentos al cambio de proveedor por parte de los consumidores, el trato desigual hacia los usuarios comerciales y la falta de claridad en las prácticas de mercado. Estas disposiciones apuntan a reducir la influencia de plataformas que actúan como intermediarios esenciales entre empresas y consumidores.
Según el Tesorero Adjunto y Ministro de Servicios Financieros, las investigaciones iniciales bajo esta normativa se centrarán en servicios como las tiendas de aplicaciones y la tecnología publicitaria, aunque también se prevé priorizar las plataformas de redes sociales. Las tiendas de aplicaciones, en particular, han sido señaladas por la posible práctica de favorecer sus propios servicios en detrimento de terceros, lo que podría incrementar los costes para los consumidores y restringir la competencia.
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La propuesta es una respuesta al Informe de investigación sobre servicios de plataformas digitales emitido por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) en septiembre de 2022. Dicho informe concluyó que el marco legislativo vigente resultaba insuficiente para abordar los efectos negativos actuales y potenciales derivados de las conductas de los principales actores del sector tecnológico. En consecuencia, el Gobierno australiano aceptó las recomendaciones del informe en 2023 y colaboró con la ACCC en la formulación del nuevo régimen regulatorio.
El marco propuesto se inscribe en una estrategia más amplia que busca alinear las regulaciones locales con las prácticas internacionales en la materia, como las adoptadas por la Unión Europea, el Reino Unido y Japón. La normativa se complementa con otras leyes recientemente promulgadas, como la restricción del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Actualmente, el Gobierno australiano ha abierto un período de consultas públicas para recibir comentarios sobre la propuesta.
“Las empresas australianas dependen en gran medida de unas pocas plataformas digitales globales y de los servicios que brindan para acceder a los consumidores e interactuar con ellos. El importante poder de mercado de estas plataformas les brinda la capacidad de imponer condiciones de «tómalo o déjalo» a las empresas y tomar decisiones unilaterales que tienen consecuencias significativas para las empresas australianas y efectos indirectos para el comercio en general. Estos incluyen impactos financieros directos para los australianos, donde los costos aumentados se transfieren a los consumidores”, señala el texto.