La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito revocó una orden judicial de instancia que impedía la aplicación de una ley del Estado de Indiana que restringe la prestación de atención médica de afirmación de género a menores de edad. La decisión permite que la normativa entre en vigor, concluyendo que no se había demostrado un daño irreparable en caso de su implementación total.
La mayoría de la Corte argumentó que el fallo inicial del tribunal de distrito fue erróneo al no considerar adecuadamente la existencia de tratamientos alternativos como la psicoterapia y el apoyo psicosocial, los cuales también se reconocen como efectivos para abordar la disforia de género. Según el razonamiento de la Corte, la eficacia de estos tratamientos justifica la inaplicabilidad de la orden judicial de primera instancia.
Asimismo, la Corte desestimó el argumento de que la ley violaba la cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda. En su análisis, se determinó que la prohibición de procedimientos de transición de género no constituye discriminación basada en el sexo, dado que la normativa se aplica por igual a menores de ambos géneros.
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Un juez disintió de la decisión, señalando que las disposiciones de la ley que limitan las acciones de los profesionales médicos podrían plantear cuestiones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Según el juez, al restringir la comunicación de los médicos con pacientes y colegas sobre tratamientos de afirmación de género, la ley podría infringir derechos fundamentales.
El fallo se enmarca en un contexto más amplio, en el que varias jurisdicciones en Estados Unidos han adoptado leyes similares. Estados como Florida y Oklahoma también han permitido la entrada en vigor de normativas que restringen este tipo de atención médica para menores de edad. Las implicancias constitucionales de estos casos serán examinadas próximamente por la Corte Suprema del país.
“No se tuvo en cuenta las pruebas del Estado sobre el apoyo psicosocial y la psicoterapia, lo que le llevó a opinar que los demandantes no tendrían opciones de tratamiento sin la ley. No analizamos el debate sobre el escrutinio más riguroso del tribunal, pero este punto ciego afectó también a su opinión en ese caso. Y aunque seguía estando equivocado, el tribunal de distrito no tiene la culpa de su conclusión contraria sobre la demanda de la Cláusula de Libertad de Expresión, ya que no contó con el “beneficio de Hansen” antes de llegar a su decisión”, señala el fallo.
“Los votantes de Indiana han decidido, a través de sus representantes, legislativos y ejecutivos, que las intervenciones médicas son demasiado riesgosas y novedosas para ser tratamientos seguros para niños con disforia de género. Los ciudadanos de Indiana tienen un interés sustancial en la eficacia de esa decisión. Como los apelados no han demostrado una probabilidad de éxito y como los daños que han sufrido no son irreparables, concluimos que el balance de los daños favorece a Indiana”, concluye la sentencia.