El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Jamil Hassan y Abdul Salam Mahmoud, ex altos funcionarios de la inteligencia de la Fuerza Aérea Siria del dictador Bashar al-Ásad, imputándoles la comisión de crímenes de guerra. Según el escrito de acusación, ambos individuos habrían ordenado o participado en actos de tortura y trato cruel hacia detenidos, en violación de los artículos 2441(a) y (d)(1)(B) del título 18 del Código de los Estados Unidos, que prohíben estas prácticas.
La acusación, presentada ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, detalla los actos cometidos en la prisión de la base aérea de Mezzeh, ubicada en Damasco (Siria). Según los documentos presentados, estos hechos habrían ocurrido en el contexto de la guerra civil siria, que comenzó en 2011. En este período, Hassan, en su calidad de director de la Inteligencia de la Fuerza Aérea Siria, y Mahmoud, quien ostentaba el cargo de general de brigada bajo su mando, habrían tenido responsabilidades directas sobre las operaciones en esta prisión y otros centros de detención.
El escrito señala que las presuntas víctimas, tanto nacionales sirios como ciudadanos extranjeros, habrían sido sometidas a diversos métodos de tortura, incluyendo golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas y otras formas de maltrato físico y psicológico. Asimismo, se alega que los acusados supervisaban o permitían la creación de un entorno de detención caracterizado por el uso de la violencia y el sufrimiento deliberado, todo ello en el marco de los esfuerzos del gobierno sirio por suprimir actividades percibidas como opositoras.
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En la acusación también se describe un patrón de conducta dirigido a ocultar o tergiversar las acciones llevadas a cabo en los centros de detención, atribuyéndose a los acusados un papel activo en el encubrimiento de los hechos. Se alega que ambos tenían autoridad sobre el personal involucrado y que estas acciones formaban parte de una estrategia más amplia para controlar la disidencia durante el conflicto.
Este caso constituye un ejercicio de la jurisdicción penal basada en la comisión de crímenes de guerra que afecta a ciudadanos estadounidenses y refleja la aplicación de normas internacionales consagradas en los tratados y legislaciones vigentes en materia de derechos humanos y derecho humanitario.
“El régimen sirio intentó aterrorizar, intimidar y reprimir a toda oposición, o aparente oposición, al régimen. Durante la guerra civil siria, el régimen sirio, a través de sus ramas militares, detuvo, torturó y mató en masa a manifestantes civiles, trabajadores humanitarios, periodistas, estudiantes y desertores militares. Los objetivos de estas detenciones incluían: castigar a los civiles por apoyar o participar en la oposición siria; intimidar a los civiles para que apoyaran o no se opusieran al régimen; recopilar información sobre otras personas percibidas como contrarias al régimen; y ocultar estas actividades. Tales detenciones fueron utilizadas por los militares en el contexto de la guerra civil siria para promover la posición del régimen sirio en la guerra y reprimir el apoyo público y el impulso a la oposición siria”, señala la denuncia.