La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos resoluciones en la reanudación de su décimo período extraordinario de sesiones de emergencia, centradas en el conflicto en Gaza y las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés).
La primera resolución, identificada como A/ES-10/L.33, exhorta a un cese del fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, así como a la liberación de todas las personas retenidas como rehenes. Dicha resolución fue adoptada con 158 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones. Entre los Estados que emitieron un voto negativo se encuentran Israel, Estados Unidos, Argentina, Hungría y República Checa.
La resolución hace referencia a obligaciones establecidas en el derecho internacional, particularmente en lo que respecta a la protección de la población civil, e incluye una demanda de cumplimiento de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad. Esta última requiere la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el retorno de desplazados palestinos a sus hogares y el intercambio de prisioneros entre las partes implicadas.
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La segunda resolución, A/ES-10/L.32, reafirma el apoyo al mandato del UNRWA, especialmente en el contexto de una legislación recientemente adoptada por el Knesset israelí, la cual podría limitar las operaciones de dicho organismo en territorios bajo administración israelí.
Según declaraciones del Secretario General de la ONU, António Guterres, esta normativa podría dificultar significativamente la continuidad de las actividades humanitarias del UNRWA en el territorio palestino ocupado. La resolución solicita a Israel que respete las prerrogativas legales del Organismo y garantice que la asistencia humanitaria se desarrolle de manera plena, rápida, segura y sin obstáculos.
Durante el debate, el embajador israelí ante la ONU presentó observaciones señalando la existencia de correspondencia previa de su gobierno en la que se informa sobre presunta actividad de Hamás en instalaciones del UNRWA. Esta postura contrasta con la de otros actores internacionales, entre ellos organizaciones que han expresado su preocupación por los posibles efectos de la legislación israelí sobre la provisión de ayuda humanitaria.
En el contexto actual, informes del UNRWA indican que 1,9 millones de personas permanecen desplazadas en la Franja de Gaza. Asimismo, se ha señalado que solo siete de los 27 centros de salud del Organismo están en funcionamiento, a raíz del recrudecimiento del conflicto.