Un reciente informe del Instituto Internacional para la Paz (IPI) señala la necesidad de adoptar un enfoque más integrado para abordar los desafíos legales y estructurales para garantizar justicia a las víctimas de explotación y abuso sexual cometidos por miembros de las operaciones de paz de Naciones Unidas (ONU).
En la actualidad, las políticas de las Naciones Unidas tienden a diferenciar entre la explotación y el abuso sexual dirigidos a las comunidades receptoras y el acoso sexual sufrido por miembros del personal de mantenimiento de la paz. Esta separación se deriva de marcos normativos que consideran estas conductas como cuestiones independientes, a pesar de su origen común en desequilibrios de poder, desigualdad de género y abuso de autoridad.
Según el informe, esta división genera confusión entre los responsables de formular políticas, las partes operativas y los propios supervivientes, además de dificultar la asignación eficiente de recursos para iniciativas de prevención y rendición de cuentas. En el caso del acoso sexual, las denuncias suelen enfrentarse a mecanismos de reporte fragmentados y respuestas jurídicas dispares, debido a la dependencia de sistemas nacionales que presentan inconsistencias en el tratamiento de estas conductas.
El análisis también destaca que los casos de explotación y abuso sexual catalogados como «faltas graves» están sujetos a mecanismos específicos de investigación e informe en el sistema de las Naciones Unidas. En contraste, las denuncias clasificadas como «faltas de menor riesgo» suelen quedar bajo la responsabilidad de los comandantes de los contingentes nacionales, lo que limita la imparcialidad en los procesos investigativos y, en consecuencia, la posibilidad de establecer responsabilidades claras.
Noticia Relacionada
El informe cita ejemplos recientes, como el caso de ocho efectivos de mantenimiento de la paz sudafricanos repatriados tras denuncias de explotación sexual en la República Democrática del Congo, para ilustrar las deficiencias en los mecanismos de prevención y respuesta. Casos come este ponen de relieve la dificultad de garantizar la justicia para las víctimas en sistemas fragmentados y dependientes de los procedimientos legales nacionales de los países contribuyentes.
Un aspecto adicional que señala es la baja proporción de países aportantes de tropas que han incorporado disposiciones específicas contra el acoso sexual en sus marcos normativos, lo que representa una barrera adicional para la denuncia de estas conductas. Asimismo, la estructura jerárquica de los entornos militarizados y los temores a represalias contribuyen a la falta de denuncias y perpetúan el problema.
El informe propone como solución la unificación de los marcos normativos para tratar de manera integrada la explotación, el abuso y el acoso sexual. Dicho enfoque permitiría aplicar estrategias preventivas más eficaces, garantizar procedimientos uniformes de denuncia e investigación y asegurar una atención adecuada a todas las víctimas.
Entre las medidas sugeridas se incluye la incorporación de formación en prevención de conductas abusivas en los programas de capacitación de las Naciones Unidas, el establecimiento de mecanismos de denuncia externos e independientes de las cadenas de mando nacionales y la promoción de políticas de tolerancia cero por parte de los líderes de las misiones. Estas recomendaciones buscan mejorar la coherencia de las respuestas institucionales y garantizar un marco jurídico que permita la adecuada rendición de cuentas.
El documento concluye que se debe enfatizar la necesidad de reformar los sistemas actuales para «abordar de manera integral estas conductas, fortalecer la prevención y mejorar las garantías de justicia para las víctimas».