TikTok presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, para solicitar la suspensión de la aplicación de una ley federal que podría llevar al cierre de su plataforma en el país a partir del próximo mes. La legislación en cuestión, promulgada en abril de 2024 como parte de un paquete legislativo más amplio, establece restricciones específicas para empresas tecnológicas vinculadas a «adversarios extranjeros».
Según la Ley de Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, debe llevar a cabo una “desinversión” que elimine cualquier control extranjero sobre la plataforma. En caso de incumplimiento antes del 19 de enero de 2025, TikTok se enfrentaría a la prohibición de sus operaciones en Estados Unidos, implementada a través de restricciones en tiendas de aplicaciones y servicios de hospedaje en Internet. La ley contempla una posible extensión del plazo de 90 días bajo ciertas condiciones.
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La solicitud de TikTok a la Corte Suprema sigue a un fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, que dictaminó de manera unánime que la ley es constitucional. TikTok y ByteDance aducen que dicha legislación viola derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, afectando la libertad de expresión y causando graves perjuicios económicos. Además, sostienen que el Congreso no exploró alternativas menos restrictivas y que no existe evidencia suficiente de que la plataforma representa una amenaza real a la seguridad nacional.
La empresa ha solicitado una respuesta antes del 6 de enero de 2025 para facilitar la implementación de medidas en caso de que su petición sea rechazada, puesto que, tal como se señaló, la entrada en vigor de la prohibición está programada para el 19 de enero de 2025, un día antes del inicio del nuevo mandato presidencial.
Se espera que la decisión de la Corte Suprema sea determinante para la continuidad de TikTok en el país al sentar un precedente legal en el tratamiento de las empresas tecnológicas bajo la legislación que regula la seguridad nacional.