El Parlamento de Suiza reconoció los crímenes perpetrados por el Estado Islámico (ISIS) contra la comunidad yazidí de Irak como un acto de genocidio. En su resolución, el órgano legislativo condena expresamente las acciones sistemáticas de desplazamiento, violencia sexual, homicidio y destrucción de bienes culturales dirigidas contra esta comunidad. La votación concluyó con 105 votos a favor y 61 en contra.
La resolución subraya la importancia de garantizar la reparación internacional y la justicia para las víctimas, alineándose con la posición adoptada por diversos órganos y entidades internacionales, como la ONU y el Parlamento Europeo. Otros Estados, como Armenia, Australia, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, también han calificado los crímenes contra los yazidíes como genocidio mediante resoluciones legislativas o declaraciones formales.
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En agosto de 2014, el Estado Islámico ejecutó un ataque en Shingal, una región predominantemente yazidí, que resultó en aproximadamente 5.000 muertes y el secuestro de 6.417 personas, en su mayoría mujeres y menores de edad. Según el Equipo de Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Daesh (UNITAD, por sus siglas en inglés), existen pruebas suficientes para considerar estos actos como evidencia de una intención genocida.
En paralelo, autoridades judiciales de varios países han avanzado en el procesamiento de responsables de estos actos. En diciembre de 2023, fiscales suecos acusaron a una mujer de 52 años por presuntos delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, derivados de su supuesta participación en la esclavización de mujeres yazidíes en Siria entre 2014 y 2016. Asimismo, un tribunal en los Países Bajos condenó a un miembro del Estado Islámico por crímenes contra una mujer yazidí, incluidas las acusaciones de esclavitud y promoción de actividades terroristas.
Además, el Gobierno Regional del Kurdistán y el Gobierno de Irak han suscrito el Acuerdo de Sinjar, cuyo objetivo es estabilizar el distrito de Sinjar y facilitar el retorno de las personas desplazadas a sus hogares. Este acuerdo contempla medidas específicas para garantizar la seguridad y el apoyo necesario a la población yazidí afectada.