El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió dejar en prisión preventiva al diputado desaforado Mauricio Antonio Ojeda Rebolledo, imputado por el Ministerio Público como autor de delitos de fraude al Fisco, consumado y frustrado, cometidos durante 2022. Los ilícitos están relacionados con convenios entre el Gobierno Regional de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.
En la audiencia de formalización, Rol N°10.463-2024, se determinó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se fijó un plazo de 30 días para la investigación.
Detalles de los delitos
Según la Fiscalía, durante 2022, el entonces diputado en ejercicio contactó a funcionarios del Gobierno Regional de La Araucanía para gestionar la adjudicación de proyectos a las fundaciones Educc y Folab. Además, facilitó financiamiento por $85.000.000 a Folab mediante préstamos con intereses, lo que permitió a esta organización mantener su solvencia y continuar postulando a fondos públicos.
El actuar de Ojeda habría infringido principios de probidad y transparencia estipulados en la ley 18.918, además de contravenir el código de conducta de la Cámara de Diputados, al recibir beneficios provenientes de contratos con la administración del Estado.
La arista “Manicure” del caso Convenios
El caso se enmarca en la investigación conocida como “Convenios”, específicamente en la arista denominada “Manicure”. Este subcaso indaga el destino de $730.000.000 transferidos por el Gobierno Regional a Folab y Educc. Dichos fondos estaban destinados a cursos de capacitación para mujeres vulnerables en Temuco y Padre Las Casas, pero habrían sido utilizados de manera irregular.
El Ministerio Público continúa recopilando antecedentes sobre el uso de estos recursos y las posibles redes de corrupción vinculadas.
Implicancias legales y políticas
Noticia Relacionada
El desafuero del diputado Ojeda, decretado en diciembre de 2024, abrió paso a la formalización de cargos y permitió la aplicación de medidas cautelares en su contra. Este caso ha generado un intenso debate sobre la fiscalización y probidad en el manejo de fondos públicos, particularmente en regiones con altos niveles de vulnerabilidad social.
El caso también pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en la adjudicación y uso de recursos asignados a fundaciones y organizaciones civiles que colaboran con el Estado.
Mientras tanto, el futuro político de Ojeda Rebolledo parece cada vez más incierto, con la opinión pública y diversos sectores políticos atentos al desarrollo de la investigación y las posibles repercusiones legales.