La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado de manera urgente la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas en las Américas. Según la CIDH, estas detenciones ocurren en un contexto de persecución judicial arbitraria, con violaciones sistemáticas al debido proceso y condiciones de detención inhumanas.
La Comisión ha identificado que estas prácticas son utilizadas por gobiernos autoritarios, donde el Poder Ejecutivo ejerce control sobre los sistemas judiciales. Las detenciones afectan a personas que discrepan políticamente, ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión o defienden los derechos humanos. Además, estas personas enfrentan un uso excesivo de la prisión preventiva, condiciones insalubres, falta de atención médica, y restricciones para recibir visitas o intercambiar correspondencia.
Los casos documentados por la CIDH en 2024 incluyen a Cuba, con 1.148 presos políticos; Nicaragua, con 36 detenidos desde la crisis de 2018; y Venezuela, con 1.849 personas encarceladas por motivos políticos, muchas de ellas tras manifestaciones relacionadas con las elecciones presidenciales del 28 de julio. En Cuba, cuatro presos fallecieron en prisión tras participar en protestas en 2021, mientras en Nicaragua persiste la preocupación por líderes indígenas desaparecidos como Brooklyn Rivera y Steadman Fagot.
Además, la CIDH señala el uso de torturas y malos tratos contra los presos políticos, con una especial afectación hacia las mujeres. Estas prácticas incluyen violencia física, psicológica y sexual, empleadas para castigar, humillar o obtener información. Las mujeres defensoras de derechos humanos o participantes en protestas son especialmente vulnerables.
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La Comisión subraya que los Estados tienen la obligación de garantizar la vida, integridad y dignidad de todas las personas privadas de libertad. Asimismo, recuerda la necesidad de adaptar los servicios penitenciarios a las necesidades de los adultos mayores, garantizar información actualizada sobre los detenidos y asegurar contacto regular con sus familias.
Finalmente, la CIDH exhorta a los Estados de las Américas a respetar las garantías judiciales y principios fundamentales establecidos en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Urge, además, la liberación inmediata de las personas detenidas por motivos políticos, asegurando justicia y respeto a sus derechos fundamentales.