La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que establece sanciones contra personas extranjeras que hayan participado en acciones relacionadas con la Corte Penal Internacional (CPI) dirigidas a investigar, detener o procesar a individuos amparados por la legislación estadounidense, incluyendo funcionarios de países aliados.
Este proyecto, titulado «Ley de Contrarrestación de Tribunales Ilegítimos», ordena al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a dichas personas, así como a quienes proporcionen apoyo material, financiero o tecnológico a estos esfuerzos. Las sanciones implicarían la inadmisibilidad de estas personas en el territorio estadounidense, además de la congelación de sus bienes e intereses dentro de Estados Unidos o bajo control de ciudadanos o residentes permanentes.
El texto es considerado una reacción a la emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos ha mantenido una posición de constante de rechazo a la jurisdicción de la CPI sobre Israel, aduciendo que este último país no es parte del Estatuto de Roma.
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El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha subrayado la aplicabilidad del principio de complementariedad del artículo 1 del Estatuto, que obliga a la CPI a permitir que el sistema judicial de Israel investigue antes de intervenir, y ha expresado preocupación por los efectos de estas órdenes en los esfuerzos de rescate y asistencia humanitaria.
Conforme al artículo 17 del Estatuto de Roma, la CPI debe considerar inadmisible un caso si el estado pertinente está llevando a cabo una investigación o enjuiciamiento genuinos, o si lo ha hecho en el pasado, a menos que se demuestre que el estado no está dispuesto o no es capaz de hacerlo de manera genuina. Observadores han señalado la capacidad del sistema judicial israelí para abordar casos de crímenes de guerra, dado su historial en condenas a altos funcionarios.
No obstante, la CPI ha reafirmado su jurisdicción sobre los territorios palestinos, argumentando que Palestina, como Estado parte del Estatuto de Roma, proporciona una base legal suficiente para la emisión de órdenes de captura bajo el artículo 12 del Estatuto. Este artículo establece que la corte puede ejercer jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o si un estado no parte acepta la jurisdicción mediante una declaración.