En un mundo donde el espectáculo y la justicia parecen entrelazarse peligrosamente, el reciente cierre de la investigación en contra del actor chileno Cristian Campos pone en evidencia una preocupante realidad: el sensacionalismo ha erosionado los pilares del debido proceso y, en particular, el principio de presunción de inocencia. A pesar de que el juez del crimen aún no dicta sentencia, el daño reputacional infligido a Campos es irreversible, exponiendo una problemática que debería hacernos reflexionar como sociedad.

En el escenario mediático actual, la inmediatez de la información y la voracidad por la primicia han relegado a un segundo plano la prudencia y la responsabilidad. La mera acusación de un delito sexual, sin que medie condena alguna, es suficiente para que el señalado sufra un linchamiento público que lo margina del ámbito laboral y social. En este contexto, Campos fue condenado antes de tiempo, perdiendo respaldo de sus empleadores, auspiciadores y marcas asociadas, que se apartaron de él con la celeridad de quien huye del contagio.

Esta tendencia, por desgracia, refleja un comportamiento generalizado en la sociedad, que tiende a asumir la culpabilidad de quien es denunciado, despojándolo del derecho fundamental a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. De manera casi automática, se exige que las empresas tomen partido por la denunciante, sin detenerse a evaluar la posibilidad de una acusación infundada. Así, los principios legales se convierten en letra muerta, olvidados en el fragor de la opinión pública y el escarnio mediático.

La situación de Campos no es un caso aislado, sino un síntoma de una cultura que parece priorizar la condena inmediata sobre la verdad judicial. En este sentido, resulta imperativo cuestionar si nuestro sistema penal cuenta con los resguardos suficientes para evitar que una simple imputación desencadene un daño irreparable en la vida de una persona. ¿Acaso no sería pertinente establecer medidas de mayor protección de la información procesal, evitando filtraciones que puedan influir en la percepción pública? ¿No deberíamos considerar sanciones más severas para quienes divulgan datos de manera irresponsable, conscientes del perjuicio irreparable que ello conlleva?

La filtración de antecedentes en el caso de Cristian Campos, patrocinado por la Fundación para la Confianza, es un claro ejemplo de cómo el derecho a la privacidad del acusado se ve vulnerado, generando una condena social que difícilmente puede revertirse, incluso con una resolución judicial favorable. Las repercusiones de esta exposición no solo afectan la carrera profesional del actor, sino también su vida personal y su bienestar emocional.

Es fundamental que los medios de comunicación, las instituciones y la sociedad en su conjunto reflexionen sobre el impacto de sus acciones y posturas. La justicia no puede ser un espectáculo mediático donde la verdad se sacrifica en el altar de la audiencia y la indignación pública. Es necesario devolver el debido respeto a los principios legales que garantizan un proceso justo y equitativo para todos, sin distinción.

En definitiva, el caso de Cristian Campos nos enfrenta a una dura realidad: la presunción de inocencia ha dejado de ser un derecho sagrado para convertirse en una quimera. Mientras no asumamos la responsabilidad de proteger este principio fundamental, continuaremos siendo testigos de la destrucción de reputaciones y vidas por el mero peso de una acusación sin condena.

Nelson Salas Stevens

Abogado penalista