El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió las demandas deducidas contra Rusia por las medidas adoptadas por las autoridades de ese país para restringir la cobertura informativa sobre la guerra en Ucrania y silenciar las críticas de los detractores. Constató una violación a los artículos 10 (libertad de expresión) y 34 (derecho a un recurso individual) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al estimar que las autoridades rusas no sopesaron los intereses de los afectados.
Tras la invasión de Ucrania en 2022, el gobierno ruso impuso estrictas restricciones a la información sobre el conflicto, exigiendo que los reportajes se basaran solo en «fuentes oficiales». Se aprobaron leyes que criminalizaban la difusión de información no oficial y la desacreditación del ejército. Estas impusieron sanciones contra periodistas, activistas y ciudadanos, incluyendo multas, detenciones y condenas a prisión,
En este contexto, medios independientes fueron clausurados por informar sobre la guerra, tras recibir advertencias y órdenes de censura. A pesar de un intento del TEDH de frenar el cierre de uno de estos medios, su licencia fue revocada en septiembre de 2022. Por este motivo, más de 100 personas y medios de comunicación demandaron al Estado ante el TEDH.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) los solicitantes individuales fueron, según el caso, arrestados, puestos en detención preventiva y condenados, ya sea en el marco de un procedimiento penal o administrativo. Algunos de ellos fueron calificados como «agentes extranjeros» o «extremistas/terroristas», mientras que otros vieron sus cuentas bancarias congeladas. Los medios de comunicación solicitantes, por su parte, vieron bloqueado el acceso a sus sitios web, y se revocó la autorización de publicación de Novaya Gazeta”.
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Comprueba que, “(…) las medidas adoptadas contra los solicitantes fueron mucho más allá de un simple examen para determinar si la conducta o el mensaje de los interesados representaban una amenaza real para los intereses nacionales. En la práctica, se dirigieron a una amplia gama de formas de expresión, desde simples eslóganes pacifistas y manifestaciones de apoyo a Ucrania hasta reportajes factuales sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso. Los tribunales internos consideraron esencialmente como delito cualquier difusión de información que contradecía el discurso oficial”.
Agrega que, “(…) Consideraron perjudicial el simple uso del término «guerra» en lugar de la expresión «operación militar especial», sin examinar el contenido ni el contexto de las expresiones utilizadas. No intentaron en absoluto determinar si la información sobre presuntos crímenes de guerra o presuntas víctimas civiles era precisa o si los solicitantes la habían difundido de buena fe, y se basaron exclusivamente en las negaciones oficiales.
El Tribunal concluye que, “(…) por su gravedad excepcional y desproporcionada, las sanciones, tanto las dirigidas contra los solicitantes como las dirigidas contra los medios de comunicación, no solo buscaban castigar a los interesados: enviaron un mensaje claro, destinado a intimidar a la sociedad en su conjunto, y silenciaron voces independientes importantes de la sociedad rusa sobre cuestiones de interés público de crucial importancia. En general, no había justificación para la restricción impuesta a la expresión pacífica y no violenta de los solicitantes y las restricciones en cuestión formaban parte de una campaña más amplia para silenciar las críticas relacionadas con la acción militar en Ucrania”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal condenó a Rusia a pagar una indemnización de perjuicios, cuyo monto varía en virtud del anexo establecido en el texto de la sentencia.