El Ministerio Público Federal de Brasil presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas, en la que se les atribuyen diversos delitos en relación con los comicios presidenciales de 2022. Así, fueron acusados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño al patrimonio sindical y bienestar de bienes protegidos.
Según la denuncia, el expresidente habría encabezado un grupo que buscaba impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador en las elecciones presidenciales. Las investigaciones apuntan a la existencia de acciones sistemáticas dirigidas contra el sistema de votación electrónica, así como la difusión de información que ponía en duda la legitimidad del proceso electoral. Asimismo, se señala la presunta movilización de agentes de seguridad con el objetivo de obstaculizar el derecho al voto de determinados sectores de la población.
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El Ministerio Público también presentó elementos que indicarían la aprobación de planes para atentar contra la vida del presidente electo Lula da Silva y un magistrado del STF. En 2024, las autoridades detuvieron a cinco individuos vinculados a un supuesto plan para asesinar a estas autoridades. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, la Policía Federal formalizó una acusación contra Bolsonaro tras concluir las investigaciones sobre su presunta implicación en estos hechos.
Por otro lado, el expresidente ha sido objeto de otras investigaciones judiciales. A principios de 2024, fue imputado por la presunta falsificación de su registro de vacunación contra el COVID-19. En relación con la actual acusación, su defensa sostiene que los hechos imputados carecen de sustento fáctico y jurídico, y que no existen elementos que acrediten su participación en actos contrarios al orden democrático.
La denuncia ha sido remitida al Supremo Tribunal Federal, donde será analizada por el relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes. En caso de que la acusación sea admitida, se iniciará un proceso judicial en el que se determinará la responsabilidad penal de los imputados.