Informaciones de prensa, cartas y columnas de opinión inician el debate sobre la nueva alza de contribuciones que se aplicará a partir del próximo año, debido a que Impuestos Internos iniciará un proceso de reavalúo de los inmuebles sujetos a pago, lo que representará un nuevo aumento de este gravamen que hoy agobia fuertemente a la clase media y en especial a las personas de la tercera edad y jubilados.
En efecto, a estas alturas el costo de las contribuciones en nuestro país ha llegado a convertirse en una carga económica imposible de soportar para la mayoría de los propietarios y que bien puede calificarse como un abuso del Estado hacia los ciudadanos que deben asumirla. La situación es, de verdad, ya insostenible puesto que muchas personas están teniendo que deshacerse de su casa – normalmente su única vivienda y capital – por no poder pagar cada 3 meses una desmedida suma que les resulta imposible solventar, o bien están acumulando una cuantiosa deuda respecto de la cual el Fisco se comportará como un verdugo implacable al momento de hacerla efectiva. La situación descrita adquiere un carácter dramático en el caso de quienes se encuentran en situación de jubilados ya que sus exiguas pensiones – muy por debajo de los ingresos que percibían cuando adquirieron el inmueble y lo pagaron – no les permite cumplir con una obligación que resulta un verdadero saqueo a sus modestos ingresos.
Lo desproporcionado de este gravamen – que se ha convertido en un verdadero impuesto al capital que el Estado aplica para obtener recursos fiscales, rompiendo la naturaleza de este aporte ciudadano que es el de una prudente y moderada contribución a las arcas del municipio de su residencia – arranca de dos factores, cuales son el desmedido avalúo que se aplica a las propiedades, muy por sobre su valor real (y que el próximo año se “ajustará”) y la excesiva tasa impositiva vigente en la actualidad.
Desde luego, resulta inaceptable para los ciudadanos que las autoridades de gobierno y el Congreso, por medio de sus parlamentarios, no se hagan cargo de esta abusiva situación y dicten las normativas pertinentes para corregir las distorsiones del sistema, entregando, no sólo un alivio, si no también justicia distributiva a los contribuyentes. Su desidia e insensibilidad resulta intolerable y fuente de una legítima indignación ciudadana.
El presente año tenemos elecciones de Gobierno y Parlamento, bien harían los postulantes a los diferentes cargos públicos en elección el señalar claramente cuál es su postura y sus proposiciones en esta materia. Serán cientos de miles los propietarios contribuyentes y sus cónyuges que concurrirán a las urnas, los cuales, qué duda cabe, sabrán valorar, al momento de emitir su voto, que gobernante y que parlamentarios estarán, de verdad, dispuestos a trabajar por la dictación de una legislación que ponga término a la manifiesta y exasperante injusticia de nuestro sistema de pago de contribuciones, liberándolos, entonces, de una arbitraria e insoportable carga que les impone un Estado voraz y expropiatorio.
Francisco Bartolucci Johnston
Abogado