Me refiero, naturalmente, al asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, refugiado político en nuestro país.

Desde que se dieran a la publicidad los primeros antecedentes de su secuestro y el posterior hallazgo de su cadáver, todo ha llevado a presumir alguna participación de la dictadura venezolana, dada su condición de activo opositor político, aunque, como es natural, ello no ha sido reconocido por el gobierno de Maduro.

Últimamente la Fiscalía ha declarado contar con testimonios que incriminarían a Diosdado Cabello en lo que sería un crimen por encargo, ejecutado por una célula del “Tren de Aragua”, misma organización criminal cuya existencia en Chile fue inicialmente negada por nuestras autoridades.

Se ha dicho que, de confirmarse la tesis de la Fiscalía, se recurrirá a la Corte Penal Internacional.

Pero, ¿qué tan firme puede ser la evidencia como para sostener dicho recurso?

Una cosa es que la eliminación física de un disidente apunte a quienes se beneficien de ella, o que este caso nos recuerde otros famosos durante la era estalinista en que el asesinato de los opositores se perseguía con notable celo por parte de los servicios de seguridad soviéticos, sea recurriendo a fanáticos simpatizantes del comunismo o a sus propios agentes, sin importar donde se hubieren refugiado.

Al respecto y recordando el asesinato de Trotski en México, que ha sido llevado al cine, me permito recomendar la novela de Leonardo Padura, “El hombre que amaba los perros”, un texto apasionante.

Volviendo a los mencionados testimonios incriminatorios, no se conoce quien o quienes serían los testigos de cargo que le permitirían a la Fiscalía acusar al poco discreto Diosdado Cabello, y que tan sólidos podrían ser los antecedentes aportados en un caso que podría derivar en un abierto enfrentamiento con un régimen con el cual ya, no existen relaciones de ninguna especie, aunque nuestro gobierno las considere suspendidas, para mofa del mencionado número dos de la dictadura chavista.

Tan delicado asunto me lleva a recordar una película hace poco exhibida repetidamente en el excelente canal Film & Arts.

Me refiero a la segunda versión de “Witness for the prosecution” (testigo de cargo), el inmortal clásico de Agatha Christie, donde la persona que inicialmente confirmaría la coartada del acusado por la fiscalía, termina incriminándolo y pasa a ser testigo de cargo.

Cuando ya se esperaba la consiguiente sentencia condenatoria, un nuevo vuelco y, finalmente, la película termina en forma absolutamente sorpresiva, tanto para quien ofició como abogado defensor como para los espectadores.

Pido excusas por la aparente frivolidad de esta comparación, entre un crimen con todos los agravantes y la fértil imaginación de una prolífica y famosa autora de novelas policiales, pero esta abreviada narración me ha llevado a pensar en la posibilidad que tras este alevoso crimen pudiere existir una astuta maniobra de intoxicación destinada, en última instancia, a desprestigiar a nuestro poder judicial.

Las maniobras de intoxicación y la desinformación también fueron de uso frecuente por parte de los servicios soviéticos y el recurso a ellas seguramente ha sido heredado por quienes fueron formados en sus métodos.

En ese orden de ideas, las recientes y crípticas declaraciones de Cabello, improvisadas o meditadas, hacen difícil separar ruido de señales:

“No han podido encontrar a los asesinos, si ellos jorungan (hurgan), van a encontrar a los asesinos facilito.”

¿Estará la fiscalía más cerca de identificar a los verdaderos responsables, como todos quisiéramos?

Humberto Julio Reyes