El reciente protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno y los dueños del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio confirma una realidad preocupante: la manifiesta erosión de la juridicidad en el país.

No se trata solo de un acto administrativo, sino de una decisión que pone en jaque la separación de poderes y el derecho de propiedad, al subordinar principios fundamentales del orden jurídico al voluntarismo de la autoridad.

En momentos en que Chile necesita atraer inversión y garantizar certezas jurídicas, este precedente envía una pésima señal institucional.

Si bien esta situación responde a una demanda social largamente postergada, ¿persistirá la autoridad en debilitar las bases del orden jurídico, comprometiendo así la estabilidad democrática?

Carlos Opazo Abogado

Académico