Un juez federal del Tribunal de Distrito de Columbia (Estados Unidos), desestimó una demanda presentada por dos sindicatos que buscaban impedir la colocación de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) en licencia administrativa. La solicitud también pretendía evitar el retiro de personal asignado en el extranjero, en el marco de las medidas que la administración del presidente Donald Trump ha adoptado contra la Agencia.
En su fallo, el juez determinó que, si bien existían preocupaciones legítimas en relación con posibles despidos, la USAID continuaba operativa, lo que permitía que cualquier perjuicio sufrido por los empleados pudiera ser objeto de compensación económica. En consecuencia, concluyó que no correspondía una intervención judicial en esta etapa del proceso.
El tribunal fundó su decisión en la normativa federal que otorga a los empleados y sus representantes sindicales la facultad de impugnar administrativamente las decisiones sobre licencias. En este sentido, consideró que el tribunal carecía de jurisdicción sobre los reclamos presentados. Además, señaló que la administración justificó la implementación de dichas medidas con base en sus objetivos políticos, por lo que el tribunal no estaba en posición de evaluar la conveniencia de dichas decisiones desde una perspectiva de interés público.
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El fallo modifica una determinación previa del mismo juez, en la que se había ordenado la reincorporación temporal de ciertos empleados afectados. No obstante, el tribunal reconoció que los argumentos de los sindicatos, tanto en términos constitucionales como en relación con la Ley de Procedimiento Administrativo, podrían adquirir relevancia en futuras instancias judiciales. Sin embargo, en esta oportunidad, la decisión estuvo limitada a cuestiones de derecho laboral y administrativo.
Las medidas objeto de la controversia se enmarcan en una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump, que decretó la suspensión temporal de la mayoría de los programas de ayuda exterior. Los sindicatos argumentaron que dicha suspensión y los cambios en la USAID podrían generar consecuencias humanitarias adversas y afectar las relaciones internacionales de Estados Unidos.
Por su parte, el gobierno sostuvo que cualquier limitación a la reestructuración de la agencia podría generar complicaciones adicionales. En su contestación, señaló que la política de asistencia exterior no estaba alineada con los intereses nacionales y que las modificaciones propuestas respondían a una reorientación estratégica.
La USAID, creada en 1961, ha operado como la principal entidad encargada de la asistencia exterior del país. De acuerdo con datos oficiales, en el año 2023 distribuyó aproximadamente 44.000 millones de dólares, representando una parte significativa del presupuesto total destinado a ayuda exterior.