El Gobierno del Reino presentó ante el Parlamento un nuevo proyecto de ley sobre delincuencia y policía, que introduce una serie de modificaciones normativas destinadas a fortalecer la seguridad pública. Esta iniciativa legislativa forma parte de un conjunto de medidas gubernamentales dirigidas a la prevención y persecución de delitos en espacios urbanos y a la regulación de la actuación policial en dichos contextos.
El proyecto de ley establece disposiciones para abordar diversos tipos penales, incluyendo los delitos con arma blanca, la violencia de género, los delitos sexuales contra menores, el terrorismo, así como los robos en establecimientos comerciales y los delitos en línea. La propuesta se enmarca dentro del programa gubernamental denominado “Misión de Calles Más Seguras” y del “Plan para el Cambio”, cuyo objetivo es fortalecer la presencia policial y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad.
Entre las reformas propuestas, la norma elimina la exención aplicable a los robos en comercios cuando el valor de los bienes sustraídos no supera las 200 libras esterlinas (unos 240.000 pesos), con el propósito de garantizar su persecución penal. Asimismo, incorpora medidas de protección para los trabajadores del sector minorista ante agresiones y establece la posibilidad de imponer restricciones de acceso a espacios urbanos a personas reincidentes en conductas tipificadas como antisociales, mediante la emisión de órdenes administrativas denominadas “órdenes de respeto”.
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El texto legislativo también prohíbe el uso de coberturas faciales en las manifestaciones y establece medidas contra los delitos sexuales, introduciendo la obligación de notificación en casos de abuso sexual infantil y restringiendo la posibilidad de que los delincuentes sexuales inscritos en registros oficiales modifiquen su identidad legalmente cuando sigan representando un riesgo para la sociedad.
Además, la propuesta legislativa otorga facultades a la policía para ingresar en un inmueble sin orden judicial cuando se determine, mediante rastreo electrónico, la presencia de un dispositivo reportado como robado. El Gobierno justifica esta medida en la necesidad de facilitar la intervención policial y la recuperación de bienes sustraídos. No obstante, las competencias de acceso sin orden judicial continúan sujetas a los principios establecidos en el Código B de la Ley de Policía y Pruebas Penales de 1984 (PACE), que dispone que toda intervención de este tipo debe estar debidamente justificada y sujeta a un criterio de proporcionalidad en relación con los derechos de privacidad y propiedad del ocupante del domicilio.
Actualmente el proyecto de ley ha sido sometido a su primera lectura en la Cámara de los Comunes y deberá completar el proceso legislativo, incluyendo su examen en la Cámara de los Lores y la posterior sanción real, para su eventual entrada en vigor.