La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó recientemente el proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), conocido como boletín 12.234, y despachó su informe a la Sala para su posterior discusión. El proyecto, que fue aprobado previamente por el Senado en enero de 2020, ha sido objeto de varias modificaciones tanto por los integrantes de la comisión como por el Ejecutivo durante las últimas dos legislaturas, período en el cual estuvo radicado en la Cámara de Diputados.
Objetivo y contexto del proyecto
El proyecto tiene como objetivo introducir cambios sustanciales en la organización y funcionamiento del Sistema de Inteligencia del Estado, con el fin de adaptarlo a los nuevos escenarios de seguridad pública y protección de la soberanía del país. En su presentación, el ex presidente Sebastián Piñera destacó la creciente aparición de nuevas amenazas que buscan socavar la institucionalidad y la seguridad de los Estados, tales como el crimen organizado y el espionaje internacional.
En abril de 2024, el actual presidente, Gabriel Boric, remitió una serie de indicaciones al proyecto. Además, en el marco de un acuerdo entre el gobierno y el Congreso Nacional, el proyecto fue priorizado dentro de la agenda de seguridad.
Adecuación institucional
La presidenta de la Comisión de Defensa, Camila Flores (RN), resaltó la importancia de adaptar la legislación actual a las necesidades emergentes del país. Señaló que la actual Ley de Inteligencia no cumple con los nuevos estándares requeridos para enfrentar desafíos como el crimen organizado, delitos económicos y la proliferación de células anarquistas. Según Flores, la nueva normativa permitirá al presidente o presidenta de la República tomar decisiones en materia de seguridad interior y exterior con base en la información de inteligencia.
Nuevas estructuras y organismos dentro del SIE
El proyecto también establece la creación de una nueva estructura para el SIE. Se propone la creación de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, un servicio público centralizado y especializado, que dependerá directamente del Presidente de la República. Esta reforma también incluye la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil (ANI), que será la sucesora de la actual ANI, y la formación de una Escuela de Inteligencia para capacitar y perfeccionar al personal de la agencia.
El proyecto también establece la creación de un Consejo Interministerial de Inteligencia, integrado por los ministros de Interior, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Además, se suman varios organismos colaboradores, como Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Política Nacional de Inteligencia y otros aspectos clave
Una de las novedades más relevantes es la implementación de una Política Nacional de Inteligencia del Estado, que será de carácter público y establecerá los lineamientos y objetivos estratégicos del sistema de inteligencia. Esta política será elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado en consulta con el Consejo Interministerial de Inteligencia.
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El proyecto también define de manera más precisa los conceptos de «inteligencia» y «contrainteligencia», con el objetivo de perfeccionar la actividad del SIE. Además, se regula el manejo de la información clasificada, que se clasifica como secreta, reservada y confidencial. Los organismos del SIE no podrán utilizar la información para fines distintos a la planificación, toma de decisiones y evaluación de acciones del Estado.
En cuanto al trámite legislativo, el proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Hacienda y será presentado por el diputado Francisco Undurraga (Evopoli) a la Sala para su discusión final.
Impacto esperado
Con la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, se espera una mayor eficiencia en la protección de la soberanía y la seguridad nacional frente a amenazas internas y externas. Este proyecto es clave para fortalecer la capacidad del Estado para responder a situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de la ciudadanía en un contexto global cada vez más complejo y desafiante.