La Comisión Europea presentó nuevas propuestas para reducir las cargas administrativas y simplificar las normativas aplicables a las empresas dentro de la Unión Europea, para así disminuir los trámites burocráticos. Estas iniciativas se enmarcan en la estrategia definida en la “Brújula de la Competitividad”, fundada en las recomendaciones contenidas en el informe Draghi, cuyo objetivo es mejorar las condiciones regulatorias para el desarrollo de la actividad económica.
En este contexto, se han diseñado dos paquetes normativos de simplificación, denominados «ómnibus», con el propósito de racionalizar las obligaciones de información y cumplimiento normativo. En particular, las medidas propuestas establecen un enfoque diferenciado en materia de presentación de informes de sostenibilidad, asignando la mayor carga informativa a las grandes empresas, dada su capacidad de impacto en aspectos sociales y ambientales, mientras que se prevé una disminución de los requisitos para las pequeñas y medianas empresas.
En las propuestas legislativas se incluyen disposiciones destinadas a optimizar la accesibilidad y eficiencia de los informes de sostenibilidad, simplificar las obligaciones de diligencia debida en el marco de la responsabilidad empresarial, fortalecer el mecanismo de ajuste en frontera de carbono para garantizar condiciones de competencia equitativa en el comercio internacional y facilitar el acceso a programas de inversión europeos.
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Las propuestas legislativas deberán ser sometidas al proceso ordinario de adopción en la Unión Europea, que incluye su análisis, debate y eventual aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Asimismo, en su programa de trabajo para 2025, la Comisión Europea ha anunciado la implementación de medidas dirigidas a la identificación y eliminación de normas que resulten redundantes, innecesarias o desproporcionadas y que puedan constituir obstáculos para la actividad empresarial. De manera conjunta, estas iniciativas tienen como objetivo reducir la carga administrativa en un 25 % y en un 35 % para las pequeñas y medianas empresas antes de la finalización del actual mandato en 2029.
“Si bien nuestro compromiso de garantizar la transición ecológica no ha flaqueado, debemos reconocer que esto ha tenido un costo, ya que ha generado una gran carga regulatoria para las personas y las empresas. Al hacer un balance, vemos que esta acumulación de normas y su creciente complejidad están limitando nuestro potencial económico y nuestra prosperidad”, señalaron autoridades de la Comisión Europea.