El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha concluido su proceso de fiscalización 2024, revelando importantes infracciones en el cumplimiento de las normas de transparencia activa – obligación de tener la información disponibilizada en sus sitios electrónicos – en los organismos de la Administración Central.
En esa línea, de los 16.350 ítems revisados, se identificaron un total de 2.251 casos de información no disponible, 626 ítems con información desactualizada y 11 casos de incompletitud, lo que refleja un panorama preocupante sobre la gestión de la información pública.
El análisis evidenció que dos organismos concentran los mayores niveles de infracción: la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, con 32 ítems incumplidos, y la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, con 28. Estas infracciones se concentran principalmente en áreas críticas como contratos formalizados mediante órdenes de compra, donde 219 organismos no cumplieron con los estándares; modificaciones presupuestarias, sin información adecuada en 214 organismos; y mecanismos de participación ciudadana en ejecución, que no fueron reportados en 186 organismos. Asimismo, las transferencias reguladas por la Ley N°19.862 presentaron deficiencias en 186 instituciones, mientras que las contrataciones de bienes inmuebles y aquellas realizadas fuera del Sistema de Compras Públicas mostraron incumplimientos en 153 y 173 casos, respectivamente.
A pesar de este escenario, algunos organismos demostraron un desempeño positivo. La Superintendencia de Salud y el Servicio de Registro Civil e Identificación fueron los únicos que cumplieron plenamente con las exigencias de transparencia activa, destacando como ejemplos de buenas prácticas en la gestión pública. Sin embargo, el promedio general es preocupante: solo 91 de los 327 organismos evaluados implementaron adecuadamente la separación de adquisiciones menores a 3 UTM, bienes muebles y servicios, lo que afecta directamente la trazabilidad y el control de los recursos públicos.
La revisión semiautomatizada y manual permitió identificar que las infracciones se concentran en los ítems incorporados tras la entrada en vigencia de la Resolución Exenta N°500, siendo recurrentes los problemas en la actualización de información presupuestaria, la ausencia de registros de autoridades electas o designadas, y la carencia de datos sobre gastos de representación, protocolos y ceremonial.
Ante estas deficiencias, el CPLT ha adoptado medidas inmediatas, como la apertura de investigaciones sumarias en los 41 organismos con puntajes inferiores a 65 puntos, además de exigir pleno cumplimiento de las normativas a los organismos restantes. Asimismo, se realizará una nueva fiscalización en 2025 para verificar avances. Los resultados del proceso ya han sido notificados a entidades como la Contraloría General de la República y comisiones legislativas, buscando reforzar la supervisión y promover mejoras estructurales en la gestión pública.
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Sobre los resultados, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, señaló: «Estos hallazgos reflejan la urgencia de que los organismos públicos adopten estándares más altos de gestión y acceso a la información. La transparencia no es solo una exigencia legal, sino una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos sean gestionados con probidad. Desde el Consejo seguiremos trabajando para impulsar una cultura de transparencia en todo el sector público».
El Consejo para la Transparencia reafirma su compromiso de promover una administración pública transparente y eficiente, recordando que la transparencia no es solo un principio ético, sino una herramienta fundamental para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones.