Argentina, en sus relaciones con Chile, ha actuado tradicionalmente con mala fe, hostilidad, agresividad, prepotencia e ingratitud; demostrando absoluta falta de lealtad y de escrúpulos cuando el interés nacional está por medio, pretendiendo hacer imperar la ley del más fuerte. Utiliza, combinada y alternativamente, la agresividad y la presión con las argucias y halagos.
Nada fácil para el Ministerio de RR.EE., y su Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), explicar que, respecto a la inauguración del puesto argentino en una ceremonia con la presencia de sus autoridades en abril y construido desde febrero de este año, no había ninguna información. Está situado a pocos metros de un faro y dependencias de la Armada de Chile, el “Puesto de Vigilancia Cabo del Espíritu Santo”, que lo advirtió reservadamente. Hasta que la prensa lo publicó.
Los nuevos procedimientos de compra pública innovadora introducidos en la Ley N°19.886, plantean desafíos extraordinarios a las organizaciones públicas chilenas que deberán contar para ello con personal altamente calificados, con experiencia y no sujetos a los cambios del ciclo político. Para ello, es indispensable que el régimen normativo chileno transite hacia una efectiva profesionalización del comprador público.
¿Por qué se habla de testigos inhábiles? La carta al Director analiza este supuesto y la aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil en la cuestión planteada. Sin embargo, consideramos que en el procedimiento seguido ante los juzgados locales no existen los testigos inhábiles, como sí los define el Código de Procedimiento Civil.
Ahora puede entenderse cabalmente porque es un tema basal que a los proveedores de servicios de cloud no operen deslocalizadamente y almacenando la información gestionada de los chilenos en cualquier lugar del mundo. O que al menos las exigencias de seguridad deben ser siempre altísimas.
Un fallo estratégico de la oposición fue querer convertir a esta elección en un plebiscito del gobierno de AMLO. Durante toda la campaña buscaron hacer creer que votar por Sheinbaum era votar por AMLO, sin querer reconocer (porque muchos analistas ya lo anticipaban), que esa asociación terminaba jugando a favor de la candidata oficialista debido a los altos índices de aprobación del actual mandatario.
Al no ser Estado Miembro de Naciones Unidas, Palestina no tiene cómo ser Estado Parte del instrumento que crea Naciones Unidas: la carta constitutiva de dicha organización, mejor conocida como Carta de San Francisco, adoptada en 1945. El hecho que Palestina sea «Estado No Miembro Observador» declarado como tal desde noviembre del 2012, le ha permitido ratificar una gran cantidad de tratados internacionales, tales como: el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) en enero del 2015 o bien, la Convención sobre el Genocidio de 1948, que ratificó en abril del 2014, entre muchos otros tratados, abiertos a todos los Estados.
Para poder calificar el ejercicio profesional de un individuo como correcto o adecuado, ciertamente, no basta con considerar la formación académica ni la sujeción a los términos contractuales o legales que rigen sus labores. El acertado desempeño de un profesional en su cargo, especialmente si se dedica al servicio público, va más allá del cumplimiento mecánico de las normas establecidas al efecto; importa el cumplimiento ciertos patrones de naturaleza ética, aun cuando éstas no se encuentren contempladas de manera explícita en el ordenamiento jurídico.
En lo que concierne a este tipo de casos, “Miel Gibson” o “Maikel Pérez Jackson”, hay uno reciente que ha alcanzado notoriedad: el de “Pedro Piscal”. La historia (que se puede consultar aquí) de David Herrera, el creador de la marca, cuenta que a fines de 2022 en una fiesta de cierre de año, se estaba tomando una piscola junto a amigos y familiares, cuando se le ocurrió crear una nueva marca de pisco.
En materia civil no ha existido una modificación legal que establezca que la acción por daño moral es transmisible a los causahabientes, solo pueden demandar el daño propio, en calidad de víctimas de responsabilidad extracontractual por repercusión o rebote, pero no demandar por el dolor de quien sufrió directamente al daño.
La práctica instalada de hecho en Chile debe ser auditada, porque, por su mal diseño, en sede de protección de datos personales no cumple el principio de finalidad única, es desproporcionada, no ofrece alternativas de autenticación y el consentimiento del titular y consumidor es desinformado, …salvo que se crea que “lo acordado y consentido” con una tercera empresa, mandataria o encargada de tratamiento (no sólo con el responsable que quiere autenticar la identidad del que pone la huella sobre el lector), porque existe un texto en el lector que captura la huella es válido, a pesar de extenderse en forma independiente y separada.
El autor analiza si la alegación muy habitual de los infractores en orden a que no deben ser sancionados, ya que “pero si todos lo hacen”, es atendible o no. Concluye que no, pues no cabe la igualdad en la ilegalidad o, lo que es lo mismo, no cabe invocar la igualdad para fundar la impunidad.
A través de esta columna quisiéramos explorar las causas de un fenómeno que hemos detectado en parte de la jurisprudencia de tutela laboral de derechos constitucionales, en acciones iniciadas por funcionarios públicos en el contexto de sumarios administrativos. Se trata de fallos que las rechazan, argumentando que las decisiones de la potestad disciplinaria estatal son actos administrativos que gozan de presunción de validez, lo que impediría a los Tribunales del Trabajo revisar su constitucionalidad mediante la tutela laboral, para cuyos efectos serían suficientes los medios de impugnación administrativos, o incluso sería incompetente la Justicia laboral al tenor del inciso II del art. 1 CT.
Las mujeres afectadas por la falla en los anticonceptivos entregados gratuitamente por el Estado enfrentan un profundo impacto en sus vidas personales, laborales y académicas. Tanto para las mujeres jóvenes que aún están en la escuela o en la universidad, como para las que están en el mercado laboral, un embarazo no planeado o no deseado puede poner en pausa o interrumpir sus objetivos.
Conforme al procedimiento penal militar, los fiscales y los jueces tienen un grado militar superior a los inculpados, lo que de suyo es coercitivo para los inculpados; la declaración indagatoria del inculpado es sin la asistencia de abogado defensor y sin que se le indiquen los derechos que le asisten; el sumario es secreto; no existe la presunción de inocencia; la prisión preventiva se realiza en cárceles especiales o en los casinos de oficiales, dependiendo del prejuicio; los afectados por el delito, porque las víctimas no existen, no tienen derecho a querellarse; y la acción civil se reduce a la restitución de la especie, restricciones que contribuyen a asegurar que el hilo se corte por lo más delgado.
