No obstante el auge y fortalecimiento de las nuevas agencias noticiosas, y a pesar de la crisis de legitimidad que afecta a los medios informativos tradicionales, la radio, la televisión y la prensa escrita, debido a su alcance masivo, mantienen un rol sustancial en un sistema comunicativo que permite a la audiencia tomar conocimiento de un determinado hecho o situación y conformar opiniones. Es claro que se recurre a ellos no sólo para comunicar, sino también para convencer y moralizar a la población e influenciar a la opinión pública, circunstancia que se puede apreciar a propósito del tratamiento de la delincuencia y de la seguridad, ámbito en el cual los medios de comunicación desempeñan un papel determinante, incidiendo en forma directa en la evolución de la política criminal dada la sensación de inseguridad que se transmite, como consecuencia de la representación mediática de los delitos, cuestión que será tratada en esta oportunidad.
1. INTRODUCCIÓN
No caben dudas que, pese a los cambios que ha habido en el último tiempo en materia comunicacional a raíz de la irrupción de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación social que han sido catalogados como “tradicionales” (radio, prensa y televisión), en la actualidad, siguen causando impacto en la ciudadanía, afectando, de una u otra forma, su quehacer diario.
Por cierto, si bien ha sido necesario el replanteamiento de estos medios de comunicación ante la aparición de nuevas vías de información (principalmente de carácter gratuito y digital), la adaptación a los nuevos tiempos y el uso de las plataformas virtuales disponibles les ha permitido llegar al público de una manera rápida y efectiva, entregando a la audiencia contenidos a la medida, a fin de ganar su confianza, dándole la posibilidad de escoger, incluso, el momento, el lugar y el formato a través del cual se accede a la información que se proporciona.
Aun cuando no se pueden desconocer los efectos que generan las redes sociales y los medios de comunicación alternativos en los procesos políticos y sociales contemporáneos, resulta imperioso hacer presente que, hoy en día-sin perjuicio del golpe que ha recibido tanto la televisión, como la radio y la prensa durante los últimos años[1], y del auge de los canales de comunicación alternativos[2]-, la industria tradicional de medios periodísticos no sólo sigue siendo parte de la dieta informativa de la población, sino que, además, continúa causando impacto en la agenda social, política y legislativa, e incluso en el ámbito judicial.
II. MEDIOS DE COMUNICACIÓN “TRADICIONALES” (PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN) Y PUNITIVISMO
Cuando hablamos del Derecho Penal, siguiendo a Roxin[3], aludimos a una disciplina que tiene una doble arista, pues aborda el fenómeno delictual como ciencia social y como ciencia jurídica: por un lado, se hace cargo de la función liberal del Estado de Derecho, mediante la cual pretende asegurar la igualdad en la aplicación del derecho y la libertad individual frente al ataque del “Leviathan” del Estado; y, por otro, a través de la Política Criminal, incluye los métodos adecuados en sentido social para la lucha contra el delito, cumpliendo con la denominada “función social del derecho penal”. Así las cosas, es posible entender al Derecho Penal como una parte del derecho puesta al servicio de la comunidad, destinada a otorgar una solución social a los conflictos que afectan a aquellos bienes jurídicos protegidos por el legislador; por su parte, a través de la Política Criminal, el Estado adopta una serie de medidas -de orden social, jurídico, económico cultural, administrativo y/o tecnológico- destinadas a enfrentar aquellas conductas que, por decisión del legislador, se consideran reprochables o causantes de un perjuicio a la sociedad en su conjunto.[4]
De lo expuesto precedentemente, resulta claro que la política criminal no sólo tiene una dimensión penal establecida por parte del órgano legislativo para la resolución de aquellos conflictos sociales que considera de mayor relevancia, sino que es una especie de política pública a partir de la cual se busca resolver problemas sociales de diversa índole, a través de visiones jurídicas, en el marco de una estructura institucional. No obstante, aun cuando dentro de las políticas criminales deberían estar presentes los objetivos correccionales y de resocialización, en la actualidad, tal como sostiene Ana María Morales[5], en la generalidad de éstas se advierte un contenido mayoritariamente punitivo, situación que, si bien guarda relación con las tradiciones políticas de los Estados -que han visto el endurecimiento de las penas como una herramienta apropiada para el control de la delincuencia-, ha sido influenciada por otras circunstancias, dentro de las cuales encontramos a los medios de comunicación tradicionales.
Efectivamente, el evidente el cambio de enfoque en materia político criminal -el cual transitó desde la preocupación por la rehabilitación del infractor a una postura destinada a proteger a la ciudadanía, reduciendo el riesgo de victimización-, se fundamenta en la sensación de inseguridad que declara tener la población, junto con la ansiedad que experimenta cotidianamente la gente en relación al delito y al desorden[6], situación que en Chile ha ido en aumento desde la implementación de la Reforma Procesal Penal[7].
Siendo ese el estado de la situación hoy en día, resulta innegable el rol de los medios de comunicación como protagonistas en la generación de temores sociales, no sólo en su calidad de canales informativos, sino también como productores de mediaciones entre la ocurrencia de hechos (delictivos) y la construcción de acontecimientos noticiosos. Justamente, de momento que la ciudadanía tiene mayor acceso a la información sobre la realidad criminal, tomando conocimiento de acontecimientos delictuales o acercándose a personas que han sufrido por ellos -sobre todo cuando se trata de delitos con mayor connotación social-, se siente más insegura, manifestando miedo y preocupación por la delincuencia.
Tal sentimiento de vulnerabilidad se ve aumentado por la afectación que sufren las personas en sus barrios o comunidades, junto con la ausencia de controles sociales o policiales efectivos (aun cuando no siempre se condice con el riesgo real)[8]; de hecho, pese a que en el último tiempo ha habido un crecimiento de la población sujeta a control del sistema judicial y penitenciario, la sensación de precariedad -sumada a una mayor identificación social con la víctima del delito antes que con el infractor y la politización del discurso político criminal- ha ido creciendo, siendo la televisión, la radio y la prensa algunas de las vías a través de las cuales se busca crear en la audiencia la idea de la necesidad de aumentar las penas como una forma de disminuir la comisión de delitos o transmitir el mensaje de que las condenas refuerzan determinados consensos morales, los cuales resultan esenciales para la vida en sociedad.[9]
Si bien el proceso de generación de las políticas públicas en materia de seguridad y delincuencia se asocia al concepto de “populismo punitivo”, no se puede desconocer que los discursos mediáticos causan efectos significativos en la sociedad, incidiendo en la vida cotidiana e instalando estas temáticas en el centro de la opinión ciudadana. Es así como se puede visualizar a los medios de comunicación tradicionales no sólo como una voz legitimada para participar en la discusión pública, sino también como responsables de la generación de temores y del aumento del sentimiento de desprotección, principalmente con el tratamiento y difusión de noticias policiales o casos conmovedores, ambos asociados al problema de inseguridad y a la violencia.
Sin ir más lejos, de la revisión de la crónica noticiosa, es posible avizorar una transformación en el modo de relatar los crímenes: los casos policiales ya no se presentan a los espectadores como situaciones extraordinarias, sino que se recurre a ellos (al inicio de la transmisión o como portada de los medios gráficos) para instaurar una noción de inseguridad constante, centrándose en la imagen de la(s) víctima(s) y creando un estereotipo respecto de la figura del (los) delincuente(s)[10] y su(s) modus operandi, lo que se traduce, en definitiva, en la entrega de un mensaje con enfoque al debate de la criminalidad, con una fuerte carga emocional.
Precisamente, las historias delictuales poseen elementos narrativos que resultan interesantes para la construcción de reportajes; en ellas, a diferencias de otros géneros periodísticos, predominan la curiosidad y la morbosidad, mostrándose a diario ante la audiencia con una intensidad y extensión mayor que su verdadera presencia social, siendo percibida por esta última como una fidedigna traducción de la realidad.
Es así como los medios de comunicación -los cuales cada vez destinan más tiempo y recursos a la cobertura de hechos criminales (recurriendo a móviles exteriores, realización de debates, columnas de opinión, reuniones de expertos, entrevistas a ciudadanos comunes y corrientes, y el testimonio de los/las afectados/as, victimarios/as y/o testigos), contribuyen a crear una agenda social sobre delitos existentes y riesgos posibles, incidiendo patentemente en el aumento del temor ciudadano, lo que se acentúa de momento que la noticia se centra en el drama que soporta la víctima y en el sufrimiento que le ha causado el delito que le ha afectado, utilizando para ello momentos de fuerte visibilidad pública, generando en la audiencia, además de una percepción de inseguridad, la necesidad de crear castigos cada vez más severos ante la insuficiencia de las leyes penales vigentes y la desconformidad por el funcionamiento del sistema de administración de justicia.
De lo anterior es posible colegir que el miedo a ser víctima de un delito, el sentimiento de inseguridad y, en particular, la preocupación social por la delincuencia, no es sino resultado de la alta exposición a una programación sensiblemente violenta, y principalmente a noticieros orientados a la transmisión desproporcionada de reportajes criminales. Sin ir más lejos, la alarma social y ribetes dramáticos presentes en las informaciones periodísticas sobre hechos violentos hacen que se acrecientes los temores e inseguridades presentes en el ánimo colectivo, construyendo una imagen estigmatizada del victimario y un tipo ideal de víctima.
Dado que los canales informativos tradicionales suelen mostrarnos a los/las (presuntos/as) delincuentes como personas intrínsecamente perversas, que representan todo lo que está mal en la sociedad, se instaura en la población la idea de que quienes han incurrido en una falta o cometieron un crimen merecen mayor sufrimiento, a fin de volver a la moralidad tradicional y los valores familiares, reformulando el sistema penal en aras de un mejor control de las instituciones penales, no en función de sus efectos sociales.
Los constantes y masivos reclamos por seguridad física, potenciados por el procesamiento mediático de casos que causan conmoción, logran que el público piense que puede ser víctima de un delito en el futuro, por lo que, ante la amenaza latente de la delincuencia, surge la necesidad de exigir de las autoridades leyes vengativas y castigos ejemplificadores. De esta manera, ante la preponderancia de medios de comunicación en el análisis de la política criminal, no se puede sino colegir que el tratamiento sensacionalista y desproporcionado de la delincuencia por parte de éstos incide directamente en la evolución de la política criminal, apuntando a un aumento de la intensidad punitiva de los sistemas penales; una programación informativa que se concentra en la inseguridad, hace que la población demande de las autoridades un pronunciamiento sobre el “miedo al delito” -consecuencia del aumento real de los índices de la criminalidad-, abordándolo como un problema social o colectivo.
En efecto, mediante la confección de relatos sobre personas, conductas o sucesos que suponen transgresiones de la ley, de la moral aceptada y de la normalidad esperada, los canales informativos buscan fijar la atención de la audiencia en temas candentes, de manera reiterativa y sensacionalista, dramatizando la realidad, creando un sentimiento de inseguridad, vulnerabilidad y daño permanente, el que puede transformarse en un requerimiento de reforma legislativa punitiva o en la exigencia de resoluciones (judiciales o administrativas) que recojan el clamor popular, endureciendo las penas (manteniendo al criminal el mayor tiempo posible apartado de la sociedad mediante su encierro), y dejando de lado posibles criterios de reinserción o rehabilitación del victimario, a fin de reducir al mínimo la posibilidad que el enemigo infractor reaparezca.
Frente a este panorama, como bien postula Daniel Varona[11], no queda sino validar la influencia directa los medios de comunicación tradicionales en la política criminal contemporánea. Tal fenómeno se encuentra concretizado a través de los mecanismos conocidos como “agenda setting” (“tematización de la agenda”) y “framing” (“encuadre noticioso”).
En el caso de la “agenda setting”, los canales informativos sitúan en primer término del debate político un determinado asunto, convirtiéndolo así en asunto de interés nacional, con independencia de la importancia intrínseca de dicho tema[12]. De este modo, los medios de comunicación pueden decidir en citar a la delincuencia en el centro del debate público, presionando a las autoridades para que actúen de determinada forma, ya que cada vez que crece la atención mediática en los hechos criminales, aumenta la preocupación ciudadana por éstos, producto de la información recibida al respecto, instigando o promoviendo reformas penales como respuesta natural y lógica a la presión creada por los medios y la sociedad.
Por su parte, el “framing” alude a la relevancia del contexto en el cual se encuadra un suceso; de esta manera, los canales informativos establecen la forma en que se deben abordar las diferentes temáticas, ya que brindan a la audiencia los esquemas básicos que se van a requerir para ello, enfatizándose en ciertos aspectos[13], excluyendo otros (lo que se ve exacerbado por el tratamiento dramático y sensacionalista que se hace al respecto, mediante el uso de titulares alarmistas, en primera plana y con apoyo gráfico), a fin de mantener la atención del público. Es así como los medios de comunicación -enfocándose en ciertos hechos criminales, sin entregar información suficiente sobre el origen de los mismos-, pueden construir una determinada imagen de la delincuencia, del criminal y de la justicia penal, basada en la sobredimensión de la violencia, la cual puede estar distorsionada o no se condice con la realidad.[14]
Como se puede apreciar, tanto la “agenda setting” como el “framing” son fenómenos a través de los cuales las agencias informativas configuran determinada visión de la problemática penal -que se centra en la construcción de cierta tipología del delincuente, la percepción de una exigua normativa y la imagen de una justicia benévola e ineficaz-, la cual no solo es transmitida a la audiencia, sino que también busca modificar la política criminal dirigiendo el debate hacia la necesidad de endurecer las leyes penales. Es así como el tratamiento que dan los medios de comunicación a las noticias criminales se dirige a cambiar el rumbo de la política criminal, basándose en el aumento del rigor punitivo, pues crean una visión individual y brutal de la delincuencia, ante la cual sólo proceden castigos más drásticos, contribuyen a fomentar una sociedad miedosa y difunden una visión de la justicia penal caracterizada por su blandura.[15]
Ciertamente, la consolidación de los medios de comunicación en las democracias modernas les permite desenvolverse como operadores en la construcción social de la realidad, condicionando, asimismo, la agenda política. Y aun cuando es un tema discutible[16], puede entenderse que la promoción del debate penal desmesurado por parte de los diversos canales informativos, crea en la opinión pública la impresión de que las leyes penales vigentes son ineficaces, lo que motiva diferentes reacciones en las autoridades (especialmente en el poder legislativo) de cara a las reivindicaciones de la ciudadanía, impulsando a la clase política a la proposición y posterior aprobación de reformas legales en materia penal.
De lo expuesto, es posible colegir que el punitivismo (entendido, en términos simples, como un aumento en las penas legales como solución a las problemáticas sociales), no sólo puede ser entendido como una metamorfosis en la política criminal o en el rol del Estado o de las demás entidades competentes, ni tampoco en el acrecentamiento de la victimización, sino que es un fenómeno que se vincula directamente con la sensación de inseguridad que afecta a la ciudadanía, en la cual, como se viene diciendo, influyen los medios de comunicación masivos.
La intensificación del populismo punitivo en los últimos años -el cual se ha visto exacerbado por una configuración social-, no solo obedece a la crisis de legitimidad que afecta a la clase política y a las instituciones estatales, sino que, como ya se viene diciendo, los medios de comunicación social han contribuido notoriamente en ese sentimiento de castigo exagerado que se ha radicado en la población. Siguiendo los planteamientos de Mariano Gutiérrez[17], tal circunstancia impacta en el Estado en todas sus caras de organización:
– En el Poder Judicial, el cual ha debido reorganizarse para responder a la creciente demanda de sanciones que plantea la presión pública y la prensa, pues el discurso dominante muestra a la justicia penal como excesivamente benevolente. Vale destacar que éstas no sólo buscan causar impacto en la función jurisdiccional mediante manifestaciones o investigaciones periodísticas, sino que también exigen resoluciones en las que se apliquen penas ejemplares que acojan el clamor de la población.
– En el Poder Ejecutivo y Legislativo, a cuyos miembros se les exige el cumplimiento de las promesas efectuadas (especialmente durante los procesos electorales), realizando reformas que, por una parte, eliminen o morigeren la sensación de inseguridad, y por otra, se hagan cargo de sus reclamos de castigo, toda vez que se considera como única solución válida la creación de nuevas leyes que incrementen las penas.
A raíz de la afectación de la percepción de la inseguridad y la preocupación social por la delincuencia, proveniente de los medios masivos de comunicación (especialmente de la televisión), es posible advertir en la política criminal un progresivo afianzamiento de un modelo basado en el triunfo de la idea de seguridad como legitimadora del endurecimiento penal y el retroceso de las garantías, llegando al punto de dar por sentado que alguien cometió un crimen en base de una imagen, grabación, gráfica o entrevista transmitida por una agencia noticiosa, pese a que no se haya dictado una sentencia condenatoria, siendo la esfera pública quien emite un veredicto sancionador.
III. CONCLUSIÓN
Resulta claro que el creciente interés de las agencias informativas por la delincuencia se vincula con su propio funcionamiento, el cual tiende a la problematización y sobredimensión de la criminalidad, agravada por la insuficiencia legislativa, la ineficacia policial o el (mal) desempeño del aparataje judicial, temática que, a todas luces, tiene un lugar de privilegio en materia comunicacional. No se debe olvidar que la comunicación puede ser (y en muchos casos, es) un negocio, por lo que el tratamiento de las noticias se hará de forma que genere interés público, por lo que se le sacará el máximo provecho posible a un hecho, mas aún si éste causa conmoción en la comunidad.
Por cierto, los medios de comunicación, fieles a sus líneas editoriales, cuentan con absoluta libertad para dar prioridad a sus noticias, buscando atraer a la audiencia, aún cuando en ocasiones la información pueda estar tergiversada, a fin de mantener la atención mediática en los acontecimientos revelados. Es así como el sensacionalismo de la prensa busca insistir en lo morboso y desviado, exagerando o repitiendo conceptos y valores que se refieren a la violencia la muerte y la desigualdad social.
Así las cosas, los medios de comunicación construyen una imagen de la delincuencia y del sistema penal con claras repercusiones para la política criminal de un país, pues se asume que ellos reflejan a agenda pública y representan la verdadera naturaleza de la opinión ciudadana. Es así como la forma en que se estructuran las noticias criminales cultiva expectativas y preocupaciones estables, pero poco realistas en la audiencia y sin vincularse necesariamente con las tasas delictivas reales.
Ante la creación de atmosferas de inseguridad por parte de los canales periodísticos, se crea en la gente una necesidad de atención por parte del Estado, toda vez que se entiende que, ante los acontecimientos mediáticos, no sólo se requiere una mayor protección, sino que, además, se torna imperioso reformar la legislación vigente, formándose una corriente popular a favor de una mayor penalización de aquellas conductas que afectan la convivencia.
De este modo, y ante la percepción social de la delincuencia, todos los poderes del Estado se ven forzados a acceder a las demandas ciudadanas, validándose como soluciones correctas solamente aquellas que promueven la creación de nuevos tipos penales y el aumento de las penas, las cuales, a todas luces, más se acercan a la venganza que a rehabilitación del criminal. (Santiago, 9 de julio de 2024)
BIBLIOGRAFÍA CITADA
Binder M., Alberto (2010): “La política criminal en el marco de las políticas públicas. Bases para el análisis político criminal.” Revista de Estudios de la Justicia, N° 12, año 2010. Disponible en http://web.derecho.uchile.cl/cej/rej12/BINDER%20_8_.pdf. [Fecha de consulta: 04.01.2022].
García Arán, M. y Peres Nieto, L. (2009): “Agenda de los medios y agenda política: Un estudio del efecto de los medios en las reformas del Código Penal Español entre los años 2000-2003.” Revista de Derecho Penal y Criminología. Disponible en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:DerechoPenalyCriminologia-2009-1-30320/PDF. [Fecha de consulta: 29.12.2021].
Gutiérrez, Mariano (2008): “Punitivismo y eficientismo en el proceso de inflación penal argentino”. V Jornadas de Sociología en la UNLP. Universidad de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata. Disponible en https://www.aacademica.org/000-096/161.pdf. [Fecha de consulta: 06.02.2022].
Kessler, Gabriel y Focás, Brenda (2014): “¿Responsables del temor? Medios y sentimiento de inseguridad en América Latina” Revista Nueva Sociedad N° 249, enero-febrero 2014, ISSN: 0251-3552. Disponible en https://static.nuso.org/media/articles/downloads/4009_1.pdf [Fecha de consulta: 05.01.2022].
Morales, Ana María (2012): “La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden.” Política Criminal, vol. 7, N° 13 (julio 2012), art. 3, pp. 94-146. Disponible en www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_13/Vol7N13A3.pdf. [Fecha de consulta: 06.01.2022].
Morales, Susana (2013): “Medios de comunicación y sentimiento de inseguridad: un recorrido por sus abordajes y nuevas preguntas.” Revista Delito y Sociedad 37, año 23, 1° semestre 2014, págs. 113-131. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5607938 [Fecha de consulta: 04.01.2022].
Ramírez López, Patricia (2010): Criterios éticos de actuación de los Fiscales del Ministerio Público contemplados en Oficios e Instrucciones del Fiscal Nacional (Santiago, Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile).
Roxin, Claus (2000): Política criminal y sistema del derecho penal. (Traducción e introducción de Francisco Muñoz Conde. 2ª Edición, 1ª Reimpresión. Buenos Aires. Editorial Hammurabi.)
Toro Maureira, Juan Pablo y otros (2021): “El ruido silencioso de los medios tradicionales.” Ciper Chile. Disponible en https://www.ciperchile.cl/2021/03/23/el-ruidoso-silencio-de-los-medios-tradicionales/ [Fecha de consulta: 03.01.2022].
Varona Gómez, Daniel (2011): “Medios de comunicación y punitivismo.” Revista para el análisis del derecho InDret. Disponible en https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/791_1.pdf [Fecha de consulta: 23.12.2021].
NORMAS CONSULTADAS
Constitución Política de la República de Chile (1980)
Código de Procedimiento Penal (Chile)
JURISPRUDENCIA CITADA
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-646 de 2001. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-646-01.htm [Fecha de consulta: 04.01.2022].
[1] Si bien en Chile, desde principios de los años 2000 se comienza a cuestionar el rol de los medios de comunicación tradicionales por su cercanía con las élites políticas y empresariales, a raíz del “estallido social” que se vivió a fines del año 2019, éstos han sido catalogados dentro de las entidades con menores niveles de confianza en el país, lo que implicó un cambio significativo en los patrones de consumo de noticias.
[2] La ciudadanía, al considerar que los medios de comunicación tradicionales no otorgan cobertura adecuada a determinados acontecimientos de connotación pública (o derechamente los silencias), o bien toma una postura a favor del gobierno y sus intereses, pone su atención en otros medios, de carácter ciudadano y militante, los cuales son legitimados socialmente por mostrarse como una alternativa a los centros de poder y a las líneas editoriales de los medios tradicionales.
[3] Roxin, Claus (2000): Política criminal y sistema del derecho penal. Claus (2000): Política criminal y sistema del derecho penal. (Traducción e introducción de Francisco Muñoz Conde. 2ª Edición, 1ª Reimpresión. Buenos Aires. Editorial Hammurabi). Págs. 21 y sgtes.
[4] Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-646 de 2001 define “Política Criminal” en estos términos: “Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito (cita suprimida). También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”.
[5] Morales, Ana María (2012): “La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden.” Política Criminal, vol. 7, N° 13 (julio 2012), art. 3, pág. 101 y sgtes.
[6] Morales, Ana María. Op. citada, pág. 116.
[7] Cambio procedimental en materia penal implementado gradualmente, iniciando en la Región de Coquimbo y en la Región de la Araucanía con fecha 16 de octubre de 2000, concluyendo en la Región Metropolitana el día 16 de junio de 2005.
[8] Morales, Ana María. Op. Citada, pág. 117.
[9] Morales, Ana María. Op. Citada, págs. 118 y sgtes.
[10] Suele ocurrir que la agenda informativa responsabiliza y criminaliza a personas jóvenes, en situación de pobreza o vulnerabilidad y/o migrantes.
[11] Varona Gómez, Daniel (2011): “Medios de comunicación y punitivismo.” Revista para el análisis del derecho InDret. Pág. 3 y sgtes.
[12] Varona Gómez, Daniel, op. citada, pág. 3 y sgtes.
[13] Algunos de los “frames” más utilizados últimamente por los medios es presentar al criminal como una ser extraño, incapaz de despertar la comprensión o empatía de los ciudadanos, o vincular a la inmigración con la delincuencia u otros problemas sociales, sin hacer énfasis en la contribución de los extranjeros para los países a los cuales arriban.
[14] Varona Gómez, Daniel, op. citada, pág. 21 y 22.
[15] Varona Gómez, Daniel, op. citada, pág. 27 y sgtes.
[16] García Arán, M. y Peres Nieto, L. (2009): “Agenda de los medios y agenda política: Un estudio del efecto de los medios en las reformas del Código Penal Español entre los años 2000-2003.” Revista de Derecho Penal y Criminología.
[17] Gutiérrez, Mariano (2008): “Punitivismo y eficientismo en el proceso de inflación penal argentino”. V Jornadas de Sociología en la UNLP. Universidad de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata. Pág. 16 y sgtes.