Este año aquello cobra una especial relevancia puesto que se cumplen diez años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.850 conocida comúnmente como “Ley Ricarte Soto” y que creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo. Si bien dicha ley no es exclusiva de las enfermedades poco frecuentes, costea a la fecha los tratamientos de 27 enfermedades de alto costo de las cuales 19 son EPOF.

Trataremos de desmitificar algunas concepciones que las/os directivas de estos grupos puede tener, en aras de una presunta inamovilidad o bien de una concepción absoluta de la libertad organizativa o sindical, parecen ser un nudo gordiano, pero que vistas normativamente, no son tales.

En la relación contractual, el uso y tratamiento de datos biométricos por parte de quien los requiere, debe justificar su necesidad de utilización. Así, una empresa puede utilizar la verificación con datos biométricos si justifica la necesidad de su uso mediante razones que derroten la presunción legal (costo hundido de aplicación del sistema precedente a la publicación de la ley, integración con otros procesos de la empresa, velocidad de la integración, mayor seguridad en operaciones que requieren un especial resguardo como son las bancarias o clínicas).

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos que dirige Elon Musk estrecho colaborador de Donald Trump, es un talento indiscutible en el desarrollo y éxito de sus empresas, pero en el tablero internacional no tiene la experiencia política en la administración pública y, esto es, lo que puede conducir a un escenario de cuestionamientos prematuros desde el frente de los demócratas, y el debilitamiento de la Administración federal, en el segundo periodo de Trump.

A veces el tratar datos personales para desempeñar funciones relacionadas con una actividad empresarial, puede que no esté necesariamente justificado por una obligación legal o que no sea para ejecutar las condiciones de un contrato previo con una persona, sino por la concurrencia de un interés legítimo.

La primera cuestión que merece la pena preguntarse es si la hipótesis respecto de la nueva legislación es verdadera, a saber, si efectivamente la nueva regulación establece que “por amplia regla general, no permite el uso de datos biométricos para controlar la asistencia a la jornada laboral de los trabajadores, como es la huella dactilar, el reconocimiento facial o el patrón del iris, entre otros”.

La promulgación de la Ley N°21.719, que modifica la obsoleta Ley N°19.628, ha elevado significativamente los estándares de protección de datos personales en Chile, alineándolos con los establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

En la presente columna se comentará sobre el rol del litigante frente al peritaje caligráfico, reflexionando sobre su importancia en el desarrollo de la investigación y realización de un juicio. Además, y, para facilitar la comprensión del lector, se tomará como ejemplo un caso común en el ámbito penal: el delito de falsificación de instrumento privado mercantil, por ejemplo, falsificación del nombre del beneficiario, firma del librador, el monto, entre otras. Este enfoque permitirá ilustrar de manera concreta la interacción entre la prueba pericial y las dinámicas procesales.

Entre las medidas de reparación más relevantes ordenadas por la Corte IDH se encuentra “continuar implementando planes de capacitación con el fin de erradicar el uso discriminatorio del Derecho Penal con base en el origen étnico de las personas, los que deberán ser permanentes y dirigirse a los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público o Fiscalía».

El Presidente de la República requiere la aprobación del Congreso Nacional respecto de la side letter del CPTPP que suscribió con Nueva Zelanda para revocar la aceptación a los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado.

Uno de los cambios incorporados por la modernización, dice relación con los nuevos procedimientos de contratación, pasando de tener cuatro, convenio marco, licitación pública, privada y trato directo, a nueve, sumando la compra ágil, la compra por cotización, la subasta inversa, los diálogos competitivos y los contratos para la innovación (la compra ágil ya existía antes de la reforma como una causal de trato directo). Los últimos tres tienen ejecución diferida a junio del año 2025 y el resto están vigentes desde el 12 de diciembre de 2024

El resultado consecuente ha sido el deterioro de la convivencia internacional, donde crecen los caudillismos ojalá permanentes, y capaces de trasgredir las normas vigentes al no existir la capacidad del Consejo de actuar, como tampoco del resto de los Estados Miembros, limitándose a adoptar en la Asamblea General o en sus órganos, resoluciones sin poder decisorio, sólo como recomendaciones testimoniales.

Las propuestas iniciales tenían como finalidad tipificar y sancionar expresamente los actos zoofilia, incluyendo aspectos como la grabación, almacenamiento y difusión de estos actos, y detallando circunstancias agravantes. En cambio, la indicación ejecutiva simplemente suma la zoofilia como un agravante dentro del delito de maltrato animal, sin establecerlo como una figura penal independiente, ni menos como una agravante especial.

La Propiedad Industrial y su propósito es el de otorgar al titular el derecho, el uso exclusivo del producto de su intelecto y plasmado en la obra, el descubrimiento o la innovación, etc., y así obtener los beneficios del mismo, como dueño.