A veces el tratar datos personales para desempeñar funciones relacionadas con una actividad empresarial, puede que no esté necesariamente justificado por una obligación legal o que no sea para ejecutar las condiciones de un contrato previo con una persona, sino por la concurrencia de un interés legítimo.

La primera cuestión que merece la pena preguntarse es si la hipótesis respecto de la nueva legislación es verdadera, a saber, si efectivamente la nueva regulación establece que “por amplia regla general, no permite el uso de datos biométricos para controlar la asistencia a la jornada laboral de los trabajadores, como es la huella dactilar, el reconocimiento facial o el patrón del iris, entre otros”.

La promulgación de la Ley N°21.719, que modifica la obsoleta Ley N°19.628, ha elevado significativamente los estándares de protección de datos personales en Chile, alineándolos con los establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

En la presente columna se comentará sobre el rol del litigante frente al peritaje caligráfico, reflexionando sobre su importancia en el desarrollo de la investigación y realización de un juicio. Además, y, para facilitar la comprensión del lector, se tomará como ejemplo un caso común en el ámbito penal: el delito de falsificación de instrumento privado mercantil, por ejemplo, falsificación del nombre del beneficiario, firma del librador, el monto, entre otras. Este enfoque permitirá ilustrar de manera concreta la interacción entre la prueba pericial y las dinámicas procesales.

Entre las medidas de reparación más relevantes ordenadas por la Corte IDH se encuentra “continuar implementando planes de capacitación con el fin de erradicar el uso discriminatorio del Derecho Penal con base en el origen étnico de las personas, los que deberán ser permanentes y dirigirse a los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público o Fiscalía».

El Presidente de la República requiere la aprobación del Congreso Nacional respecto de la side letter del CPTPP que suscribió con Nueva Zelanda para revocar la aceptación a los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado.

Uno de los cambios incorporados por la modernización, dice relación con los nuevos procedimientos de contratación, pasando de tener cuatro, convenio marco, licitación pública, privada y trato directo, a nueve, sumando la compra ágil, la compra por cotización, la subasta inversa, los diálogos competitivos y los contratos para la innovación (la compra ágil ya existía antes de la reforma como una causal de trato directo). Los últimos tres tienen ejecución diferida a junio del año 2025 y el resto están vigentes desde el 12 de diciembre de 2024

El resultado consecuente ha sido el deterioro de la convivencia internacional, donde crecen los caudillismos ojalá permanentes, y capaces de trasgredir las normas vigentes al no existir la capacidad del Consejo de actuar, como tampoco del resto de los Estados Miembros, limitándose a adoptar en la Asamblea General o en sus órganos, resoluciones sin poder decisorio, sólo como recomendaciones testimoniales.

Las propuestas iniciales tenían como finalidad tipificar y sancionar expresamente los actos zoofilia, incluyendo aspectos como la grabación, almacenamiento y difusión de estos actos, y detallando circunstancias agravantes. En cambio, la indicación ejecutiva simplemente suma la zoofilia como un agravante dentro del delito de maltrato animal, sin establecerlo como una figura penal independiente, ni menos como una agravante especial.

La Propiedad Industrial y su propósito es el de otorgar al titular el derecho, el uso exclusivo del producto de su intelecto y plasmado en la obra, el descubrimiento o la innovación, etc., y así obtener los beneficios del mismo, como dueño.

Hay que reducir el exceso de funcionarios y subsecretarios de los Ministerios, y terminar con los Seremis y delegados Presidenciales en todas las regiones, porque hasta la fecha, no han significado un aporte eficaz para el desarrollo de las regiones y del país. El Congreso Nacional, podría autorizar al Presidente del Senado, para que designe a dos Notarios o Ministros de fe, para que llamen a concurso público, a fin de que 12 abogados, elaboren un proyecto de nuevo sistema político.

Desde la óptica de la discusión en torno a la titularidad de derechos de los extranjeros, y su vinculación con la dignidad, puede parecer extraño incorporar a dicho debate la perspectiva del Derecho de Extranjería, sin embargo, la dignidad humana, junto con el principio de igualdad, han resultado muy útil a efecto de la determinación de la titularidad de derechos de las personas extranjeras, incluso para complementar sus elementos y las condiciones de ejercicio, sus límites y garantías.

Puesto que la normativa penal sólo establece las pautas para fijar las penas a cada delito que se comete, para efectos de su determinación en el caso concreto, la magistratura debe apreciar la concurrencia de circunstancias que pudiesen modificar la responsabilidad criminal. De este modo, al momento de dictar sentencia, el/la juez/a no sólo debe verificar si se configura la conducta tipificada, sino que también debe tener en consideración aquellos elementos que hacen que la persona condenada vea una variación en su pena, o bien exonerándola de la sanción correspondiente.

La total tramitación del DS N° 661 de 2024, que aprueba el nuevo reglamento de la Ley 19.886, nos brinda mayores certezas en cuanto a la introducción de la Compra Pública de Innovación en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, a pesar del notable avance en esta materia, no parece existir en nuestra comunidad jurídica una real comprensión de sus características e importancia.