El actual Gobierno de Netanyahu, se encuentra presionado por un resultado victorioso, para superar la sorpresa de los atraques, donde la reputada inteligencia israelí, fracasó. Muchas pueden ser estas razones, y nunca las sabremos, tal vez, porque la cuidadosamente planificada acción de Hamás, pasó desapercibida por las festividades religiosas, o porque estaban más preocupados de los problemas de gobernabilidad y las protestas, que ha enfrentado la nueva administración del Primer Ministro.

Estamos en presencia de un texto novedoso para nuestra tradición constitucional, la cual ha estado presente desde los primeros ensayos constitucionales. Este borrador, marca importantes diferencias con la propuesta presentada por la Convención Constitucional y rechazada por la ciudadanía el año 2022, ya que esta última, no poseía ningún articulado en su contenido dedicado exclusivamente a los deberes de las personas, sino, más bien los trataba indirectamente, refiriéndose derechamente a las responsabilidades del Estado en las distintas áreas.

Suelo pegajoso y techo de cristal, dos conceptos creados para efectos de retratar la situación de la mujer en el ámbito laboral, los cuales son recogidos por el cine, constituyendo una gran herramienta para evidenciar la dificultad que históricamente sufren para despegar profesionalmente y alcanzar altos cargos.

El reciente debate suscitado a raíz de la consagración del derecho a la objeción de conciencia en el Consejo Constitucional plantea algunas interrogantes que deben ser dilucidadas. ¿Pueden las personas jurídicas invocar derechos que históricamente pertenecieron a las personas naturales? ¿Abre la puerta la objeción de conciencia institucional a excusas para incumplir la ley arbitrariamente? ¿Qué implicancias tiene el reconocimiento a las instituciones de invocar el derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento?

Cada cierto tiempo aparecen corrientes de pensamiento que creen que los derechos humanos son una molestia a la seguridad ciudadana y que deben ser tratados como un asunto puramente doméstico en un Estado, al margen de su carácter y principio de universalidad y del modelo democrático que lo acompaña. Sin embargo, no es posible separar estas dos instituciones jurídicas constitucionales, Derechos Humanos y Democracia van juntos, la existencia de uno depende de la existencia del otro, si uno de ellos es violentado y el otro también sufre esa vulneración y si uno es atacado el otro también lo es.

Hay un ambiente poco esperanzador, de división y de acuerdos difíciles, y algunos, imposibles. Así, se alega que la institucionalidad vigente por casi ochenta años, no está claramente adecuada a los desafíos de hoy. Mucho menos, pues no faltan aquellos que, poco a poco, se apartan de los consensos alcanzados por tantos años. El riesgo es real, como una forma de debilitar el sistema. Son muchos los signos que lo atestiguan, y no pocos los que lo incentivan, mostrando oposiciones o cediendo a nuevas corrientes, algunas sustitutivas de aquellas que creíamos invariables.

El problema es que en el Pleno del Consejo se han adoptado criterios ya abandonados, como es tal “democracia protegida” y, además, con las herramientas suficientes que dejan la puerta abierta para un abuso político de tales mecanismos, sea en contra de opositores políticos, sea en contra de dirigentes sociales o estudiantiles, o incluso de la misma ciudadanía civil que ejerza su derecho a manifestarse, teniendo un severo riesgo de asumir un autoritarismo e incluso persecución política, a pretexto de perseguir supuestos casos de “terrorismo” o “contrarios a la democracia”.   

Todos los casos de hackeo o accesos indebidos (Minsal, Clave Única, Banco Estado, Chilecompras, Servel, etc.) debieran ser un primer objetivo, porque además de su legitimación tendrán que dar razón de haberse adoptado medidas técnicas y organizativas de seguridad y de ciberseguridad. Sería el ideal que se auditara en conjunto con la otra, con la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad.

El supuesto duelo entre el restablecimiento del derecho y la protección del ofendido lo gana siempre la tutela del agraviado. En nuestro sistema no resulta correcto intentar plantear una vertiente objetiva independiente del recurso de protección. Lo impide tanto su especial naturaleza y finalidad como el deficiente diseño del tribunal de protección que, según diremos, dificulta y derechamente atenta contra la uniformidad jurisprudencial.

Se restringió el bloque al excluir los derechos implícitos y, con ello, se pone en riesgo el cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales conforme a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, pues no se harán vinculante aquellos derechos implícitos a pretexto de una norma interna, infringiendo con ello dos normas de la misma Convención de Viena, como son el cumplimiento de buena fe como, además, la prohibición de incumplir obligaciones internacionales a pretexto de norma interna.  

Un repaso por la historia constitucional de la educación permite concluir que la educación provista por el Estado nunca estuvo realmente presente en la Constitución, pues la educación pública reglamentada era toda aquella dirigida por el Estado sin importar quien la proveía. Fue esta dirección la que se intentó limitar en 1980, debido a que la institucionalidad tradicional conformada hasta ese momento cedió en 1971, frente a los intereses particulares del gobierno.

el TC concluye que la ausencia o insuficiente esclarecimiento (que a su vez generó confusión, dudas y/o interpretaciones propias -más allá de que hayan sido o no las adecuadas- por parte del demandante, de lo cual no fue responsable) y razonabilidad de las reglas procedimentales afectó el derecho de participación política del Partido Aprista Peruano (PAP).

En estas líneas, el autor realiza un breve ensayo sobre la importancia de la Primera Junta Nacional de Gobierno del 18 de septiembre de 1810, como un primer acto de Chile formándose como una Nación soberana e independiente, ello en la medida que ese acto sería el hito iniciador del proceso independentista, que sería seguido por los primeros textos constitucionales y que quedaría definitivamente consolidado con el Juramento de la Independencia, del 12 de febrero de 1818.

El principio de juridicidad y legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y 2° de la ley Nº 18.575, impone a los Órganos de La Administración del Estado el deber de sujetar estrictamente su actuación a la esfera de su competencia y la prohibición de ejercer más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico de manera que, para certificar que un proyecto de subdivisión de predio rústico cumple con la normativa vigente, el Servicio Agrícola y Ganadero (“SAG”) no puede imponer el cumplimiento de requisitos no contemplados en la Ley.

Cualquier mal cálculo o un simple error, podría derivar en una conflagración mayor. Todos lo saben, desde el propio Putin que procura no agredir a ninguno de sus miembros, aunque lo quisiera, e intenta atraer aliados, organizando reuniones y regalando trigo. Tampoco los occidentales, la solidaridad con Ucrania tiene sus límites y las peticiones de más y sofisticados armamentos, están dosificadas y calculadas. Una guerra más amplia, en definitiva, no beneficia a nadie. Conviene recordarlo, pues como toda confrontación, se sabe cuando se inicia, pero nunca cuando termina.